La polémica sobre la posible instalación de un centro para menores inmigrantes no acompañados en el número 32 del Paseo de La Florida de Oviedo sigue creciendo. Vox ha salido a la palestra para exigir al presidente del Principado, Adrián Barbón, que frene de inmediato el proyecto, mientras el malestar vecinal en la zona no hace más que aumentar.
La portavoz del partido en la Junta General del Principado, Carolina López, ha tomado la palabra para reclamar una respuesta urgente al Ejecutivo regional. Según López, «la prioridad absoluta de la administración tiene que ser garantizar la seguridad y el bienestar de los asturianos».
Desde Vox señalan lo que consideran una contradicción: destinar recursos públicos a alojar a menores extranjeros mientras, según argumentan, existen carencias evidentes en la atención a la ciudadanía asturiana. «Tenemos familias que no llegan a final de mes, personas mayores sin acceso a una residencia y miles de asturianos en listas de espera en la sanidad pública», ha subrayado la portavoz.
La formación también ha puesto el foco en el estado actual del sistema de tutela regional, al que López ha calificado de «polvorín, con fugas constantes y con educadores que no pueden más». Ha recordado además el caso reciente de una menor tutelada por el Principado que, según denunció, fue víctima de una agresión y no recibió la atención adecuada por parte de la administración.
El Grupo Parlamentario de Vox ha trasladado una batería de preguntas al Gobierno regional: cuántos menores exige el Gobierno central acoger, cuánto costará el dispositivo a las arcas asturianas, qué otras ubicaciones se están valorando en la comunidad y si se realizarán de forma rigurosa las pruebas de determinación de edad a los acogidos.
El Principado aún no ha confirmado oficialmente la apertura del piso, aunque sí ha reconocido que se estudia esa posibilidad. Mientras tanto, las pancartas en el Paseo de La Florida ya reflejan el rechazo de una parte del vecindario, que pide información clara antes de que se tome cualquier decisión.
La situación en Oviedo se suma a un debate que ya sacude a otras ciudades españolas, donde la acogida de menores migrantes no acompañados ha generado tensión entre la obligación legal de protección y las demandas de unos servicios sociales que, en muchos casos, señalan estar al límite de su capacidad.
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