La Guardia Civil ha desarticulado una de las plantaciones ilegales de marihuana más grandes detectadas recientemente en la Comunidad de Madrid, localizada en el interior de una nave del polígono industrial de Paracuellos de Jarama. La operación se ha saldado con dos hombres detenidos y un tercero bajo investigación.
Todo comenzó a mediados de mayo, cuando los agentes recibieron un aviso sobre la posible existencia de un cultivo ilegal de cannabis en la zona. Al personarse en el lugar, los guardias civiles no tardaron en notar algo fuera de lo común: un intenso olor a marihuana salía desde el interior de la nave, y en el exterior se podían ver equipos de aire acondicionado poco habituales para una instalación industrial ordinaria.
Con las sospechas confirmadas y tras obtener la autorización judicial para entrar y registrar el inmueble, lo que encontraron los agentes superó las previsiones iniciales. En el interior había nada menos que 2.150 plantas de marihuana en distintas fases de floración, distribuidas por las instalaciones junto a una completa infraestructura para su cultivo.
Entre el material intervenido se encontraron potentes equipos de iluminación artificial, varios sistemas de aire acondicionado, básculas de precisión, fertilizantes y filtros especiales diseñados para enmascarar el característico olor de la planta y evitar ser descubiertos.
La investigación apunta a que los dos detenidos, junto al tercer investigado, eran los propietarios y gestores del negocio ilegal. Los tres se enfrentan ahora a cargos por un delito contra la salud pública relacionado con el cultivo de sustancias estupefacientes, así como por un delito de defraudación de fluido eléctrico, ya que este tipo de plantaciones suelen consumir grandes cantidades de energía de forma fraudulenta.
Paracuellos de Jarama, municipio situado al noreste de la capital, ve así cómo su polígono industrial fue utilizado durante semanas para albergar una operación de este calado, a escasos kilómetros de Madrid ciudad.
Las diligencias han sido trasladadas a la autoridad judicial competente, que determinará los pasos a seguir en el proceso contra los implicados.
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