Las familias del concejo asturiano de Tapia de Casariego han alzado la voz ante lo que consideran un abandono por parte del Gobierno del Principado: los alumnos del instituto local que cursan estudios postobligatorios se quedarán sin transporte escolar cuando arranque el nuevo curso en septiembre.
Una concentración de padres y madres reunida esta semana en Tapia reunió también a representantes del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias. Las familias exigen que se mantenga un servicio que, según denuncian, han disfrutado durante la etapa obligatoria y que ahora se les suprime sin alternativa real.
La diputada popular Gloria García no escatimó críticas al Ejecutivo autonómico. Señaló que el Gobierno asturiano acostumbra a «llenarse la boca con la defensa de la zona rural, pero luego la tiene abandonada». Para García, este caso no es una excepción, sino un ejemplo más de una política que da la espalda a los concejos del interior y la costa rural.
Lo que más indigna a las familias es que la obligación de mantener esas rutas no depende de la voluntad de ningún cargo político, sino que está recogida expresamente en la Ley de Impulso Demográfico aprobada en mayo de 2024. Esa norma establece que el Principado deberá mantener las rutas preexistentes de transporte escolar en el medio rural para aquellos alumnos de estudios no obligatorios que ya disfrutaron del servicio en la etapa anterior y que no tienen acceso a una línea ordinaria de transporte público, ya sea por distancia o por incompatibilidad de horarios.
«No es una decisión de una consejera, es una ley, y las leyes están para cumplirlas», subrayó García, acompañada por la también parlamentaria y concejal de Tapia Salomé Sánchez.
Las familias afectadas advierten de que no pueden asumir el coste de contratar un taxi o un autobús privado para que sus hijos lleguen al centro educativo. Muchas de ellas viven en núcleos dispersos sin conexión de transporte público viable, una realidad habitual en los concejos rurales del occidente asturiano.
Con el inicio del curso a pocas semanas, la presión sobre la Consejería de Educación va en aumento. La diputada popular instó a la consejera a actuar de inmediato y advirtió de que, si no se resuelve ahora, habrá alumnos que no podrán desplazarse a sus centros en septiembre, algo que calificó sin rodeos de «vergüenza».
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