La nueva tasa de recogida de residuos de Torrent ha encendido la política local durante este mes de agosto. Populares y socialistas se cruzan acusaciones en redes sociales y los vecinos se preguntan por qué van a pagar más y a quién señalar.
El origen del conflicto está en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez, que obliga a todos los ayuntamientos españoles a contar con una tasa específica que cubra el coste real de la recogida y el tratamiento de la basura. Torrent, como el resto de municipios, no tenía otra opción que implantarla.
La alcaldesa Amparo Folgado ha salido a explicarlo públicamente y ha dejado claro que no se trata de una decisión voluntaria del Ayuntamiento, sino de una obligación legal. El PP insiste en que el PSOE quiere hacer ver que el recibo lleva el sello de Folgado cuando, en realidad, nació en el Congreso.
Sin embargo, los concejales socialistas Inmaculada García, Eduardo Gómez y José Pascual Martínez han puesto el foco en otro punto: la ley obliga a crear la tasa, pero no dice cuánto debe pagar cada vecino. Eso lo decide el propio Ayuntamiento a través de su ordenanza.
Y aquí es donde las cifras duelen. Torrent ha optado por calcular la cuota según el consumo anual de agua. Los hogares que consumen hasta 65 metros cúbicos pagarán 47,19 euros al año, los que llegan hasta los 90 metros cúbicos abonarán 147,29 euros, y los que superan ese umbral hasta los 195 metros cúbicos pagarán 170,17 euros. El primer recibo llegará en septiembre.
El PSOE compara estas cifras con las de municipios gobernados por los socialistas, como Mislata, donde la cuota media ronda los 25 euros, o Xirivella, con unos 46 euros. Las diferencias son llamativas, pero no del todo comparables: cada ayuntamiento calcula el coste de su propio servicio y aplica criterios distintos.
Lo que sí queda claro es que Torrent es un municipio grande, con características propias, y que el método de cálculo elegido por el gobierno local tiene un impacto directo en el bolsillo de los torrentinos.
La polémica no parece que vaya a apagarse antes del otoño, especialmente cuando los recibos empiecen a llegar a los buzones en las próximas semanas.
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