Las 148 viviendas públicas de la calle Río Yedra, en el barrio toledano de Santa María de Benquerencia, tienen una segunda oportunidad sobre la mesa. La empresa pública Gicaman y la Asociación Socioeducativa Athena han firmado un convenio de colaboración para intensificar el acompañamiento social a las familias que residen allí y evitar que los conflictos de convivencia o los impagos deriven en nuevos desahucios.
El acuerdo, rubricado este miércoles, pone en marcha un modelo que va más allá de la gestión del contrato de alquiler. Detrás de muchas de esas puertas conviven problemas económicos, deudas, situaciones de salud mental, drogodependencias, malos tratos o prostitución. En ocasiones, varias de estas circunstancias se concentran en un mismo hogar.
El proyecto que sustenta este convenio no es nuevo. Bajo el nombre ‘Habitando casas, construyendo hogares’, nació en 2018 y comenzó a desarrollarse al año siguiente con profesionales de la Educación Social trabajando directamente sobre el terreno. El problema hasta ahora era la financiación: las convocatorias anuales dejaban meses sin cobertura, y esas interrupciones rompían el vínculo de confianza construido con las familias.
Francisco José Peces, presidente de Athena y del Colegio Oficial de la Educación Social de Castilla-La Mancha, ha subrayado que cada caso requiere su propio itinerario. «Las problemáticas no son aisladas», ha señalado, recordando que una persona puede acumular una deuda mientras atraviesa al mismo tiempo un problema de salud mental o una situación de violencia en el hogar.
La nueva financiación a través del IRPF permitirá mantener el programa durante todo el año natural. Para 2027 está prevista una dotación de alrededor de 73.740 euros, según ha informado el director general de Acción Social, Santi Vera, quien ha defendido que la convivencia «se construye» y que las administraciones tienen la responsabilidad de intervenir antes de que se deteriore.
El convenio también incluye medidas concretas sobre las viviendas. Gicaman aplicará una reducción temporal de las rentas, equiparándolas a los niveles de otras promociones de vivienda protegida que gestiona en Toledo. La cuantía variará según el tamaño de cada piso, pero la empresa pública asegura que supondrá un alivio significativo para las familias. Además, se pondrán en marcha planes individualizados para regularizar las deudas pendientes, sin que ello implique renunciar a su cobro.
El objetivo final es que esas 148 viviendas dejen de ser un foco de tensión y se conviertan en hogares estables. Un reto social que Toledo lleva años intentando afrontar y que, con este acuerdo, da un paso más hacia una solución real.
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