Un vecino de Salamanca entregó más de 1.000 euros a un desconocido tras recibir amenazas de muerte a través de WhatsApp, tanto contra él como contra sus familiares. La CiberComandancia de la Guardia Civil ha logrado identificar al presunto responsable tras una investigación digital que analizó mensajes, números de teléfono y movimientos bancarios.
Todo comenzó aproximadamente un mes y medio antes de que la víctima se decidiera a denunciar. El hombre había intentado contactar con varias mujeres para contratar servicios sexuales, aunque finalmente optó por no seguir adelante y bloqueó los números con los que había tenido contacto.
Sin embargo, poco después empezaron a llegarle mensajes desde un número desconocido. En ellos, el remitente le exigía dinero y amenazaba con acabar con su vida y la de sus seres queridos si no pagaba. Para aumentar el miedo, los mensajes iban acompañados de imágenes violentas de carácter explícito.
Ante la angustia y el pánico generados, el vecino realizó varias transferencias bancarias que en total superaron los 1.000 euros. A pesar de los pagos, las exigencias no cesaron. Fue entonces cuando decidió acudir a la Guardia Civil y presentar una denuncia formal.
El Equipo @ de la CiberComandancia se hizo cargo del caso y puso en marcha una investigación para reconstruir todo lo ocurrido. Los agentes estudiaron las comunicaciones entre víctima y extorsionador, rastrearon los números de teléfono empleados y examinaron los movimientos bancarios asociados a las transferencias.
Gracias al análisis de toda esa información, los investigadores lograron identificar al presunto autor de la extorsión.
Este tipo de estafas, conocidas como sextorsión o extorsión por amenazas digitales, se han convertido en una modalidad delictiva en auge en toda España. Los expertos insisten en que la clave está en no ceder al chantaje y acudir de inmediato a las autoridades, ya que pagar no garantiza el fin de las exigencias, como quedó demostrado en este caso.
La Guardia Civil recuerda que ante cualquier indicio de extorsión o amenaza recibida por medios digitales, los ciudadanos deben conservar las pruebas y denunciar sin demora, sin realizar ningún pago previo que pueda alimentar la espiral del chantaje.
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