El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, salió ayer al paso de las críticas por la adquisición del ático en el paseo General Martínez Campos y aseguró que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso actuará con total transparencia en este asunto.
Serrano defendió que las explicaciones ofrecidas por el Ejecutivo autonómico están «razonablemente dadas» y apuntó que Planifica Madrid, la entidad a través de la cual se realizó la compra, no está sujeta a los mismos requisitos de contratación que los organismos directos del Gobierno regional.
El dirigente popular no se quedó en la defensa y pasó al ataque contra la izquierda. «Lo que pretenden hacernos creer es que, a diez meses de las elecciones, de tapadillo, la Comunidad compra una vivienda para que viva Ayuso sin ningún tipo de publicidad. Eso es absurdo», afirmó.
Serrano también lanzó un dardo directo a los ministros del Gobierno central, preguntándose en voz alta cuánto cuestan las viviendas que los ciudadanos pagan a los miembros del Ejecutivo nacional. «Ojalá pudiéramos saberlo», ironizó, recordando que varios ministros residen en inmuebles oficiales que calificó de «auténticos palacetes».
Según el número dos del PP madrileño, la polémica del ático no es más que una cortina de humo para tapar otros asuntos de mayor calado, como la crisis migratoria de Ceuta. «La noticia del verano es que Ayuso vuelva a vivir de alquiler en un piso que se paga ella. Hasta tiene piscina comunitaria y un Mercadona cerca», señaló con sarcasmo.
Sobre el uso del inmueble, Serrano fue contundente al aclarar que no se adquirió como residencia oficial de la presidenta, sino para cubrir una necesidad temporal de despacho durante las obras previstas en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional en Sol.
Lo cierto es que la polémica tuvo consecuencias rápidas. Tras las críticas, el Gobierno autonómico anunció que el ático saldrá a la venta por 6,7 millones de euros, junto a otros cuatro inmuebles en la Gran Vía valorados en 11,8 millones. Los fondos obtenidos se destinarán a la reconstrucción de la Sierra Oeste, devastada este verano por un incendio forestal que arrasó cerca de 30.000 hectáreas.
La oposición, por su parte, ha llevado el asunto a los tribunales y ha exigido la dimisión de Ayuso, acusándola de intentar hacerse con una vivienda oficial encubierta.
