La Unión de Consumidores de Asturias ha dado la vuelta como un calcetín a la decisión del Ministerio de Transportes de personarse en el expediente sancionador abierto contra Aucalsa por mantener las tarifas del peaje de la AP-66, el Huerna, sin rebajarlas pese a las obras que han dificultado durante meses la circulación por ese tramo.
Su presidente, Dacio Alonso, no ha rechazado la presencia del ministerio en las actuaciones. Al contrario, la ha celebrado con una advertencia que suena más a declaración de guerra que a bienvenida.
«Nos viene perfecto que esté dentro», ha afirmado Alonso, para acto seguido explicar el razonamiento detrás de esa aparente cordialidad: Aucalsa ya alega en su defensa que se limitó a ejecutar lo que el propio ministerio le ordenaba. Al personarse, el titular de Transportes queda señalado como responsable subsidiario de los abusos y deberá responder patrimonialmente por una decisión que él mismo autorizó y financió con dinero público.
La asociación lleva tiempo denunciando lo que considera un abuso intolerable en la autopista asturiana. El precio del peaje no se movió durante las obras, y los conductores que a diario recorren el Huerna pagaron como si el servicio fuera completo cuando no lo era.
Pero Alonso ha ido más lejos y ha exigido a Óscar Puente que explique públicamente por qué sigue bloqueando la revisión de oficio del Real Decreto del año 2000, una norma que, según denuncia la organización, regaló a Aucalsa una prórroga de 29 años de concesión hasta 2050 sin respetar el derecho comunitario europeo.
«La vía penal para castigar aquella prevaricación ya ha prescrito, pero la vía civil y patrimonial sigue plenamente viva», ha recordado el presidente de la asociación, que también ha señalado que la Comisión Europea ha emitido un dictamen motivado exigiendo a España que recupere la legalidad del mercado único en relación con ese contrato adjudicado, en sus palabras, sin luz ni taquígrafos.
El mensaje final de Dacio Alonso ha sido contundente: el intento del ministerio de actuar como escudo judicial de los más de ocho millones de euros en beneficios anuales de la concesionaria ha fracasado. Al entrar en el expediente, el Gobierno ha quedado, según sus palabras, retratado ante la ciudadanía y atrapado en su propia responsabilidad por lo que la organización califica de atraco diario en la autopista del Huerna.
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