Tere Guerra Pino lleva toda su vida en Sogo, una pequeña localidad del corazón de Sayago, en la provincia de Zamora. Tiene parálisis cerebral, necesita asistencia física para su día a día, pero su mente funciona con total claridad. Sin embargo, la solución que se plantea desde los servicios sociales pasa por ingresarla en una residencia convencional, lejos de su hogar y de su comunidad. Ella no quiere ir. Y tiene razones de peso para negarse.

El caso de Tere ha encendido las alarmas sobre cómo el sistema de atención a la dependencia trata a las personas con discapacidad física en el medio rural. Que alguien con plenas capacidades cognitivas sea enviada a un centro masificado, pensado para la custodia y no para la vida autónoma, es una realidad que muchos consideran inaceptable.
La propia Tere ha dejado claro su posicionamiento en actos públicos recientes, como la presentación de su último libro en Bermillo de Sayago, donde quedó patente que su voz, su pensamiento y su voluntad permanecen intactos.
Lo que necesita no es una cama en una residencia. Necesita asistencia intensiva a domicilio, servicios de lavandería, catering social y acompañamiento profesional que le permitan seguir viviendo en Sogo, rodeada de sus vecinas y del entorno rural que ha sido siempre el suyo.
La Ley de Dependencia reconoce el derecho a la autonomía personal y a la permanencia en el domicilio cuando así lo desea la persona. Sin embargo, la aplicación práctica de esa ley en zonas rurales como Sayago choca con la falta de recursos adaptados, lo que empuja a muchas personas hacia soluciones institucionales que no respetan su voluntad.
La Diputación Provincial de Zamora tiene competencias directas en la gestión de servicios sociales en el ámbito rural. Desde el entorno de Tere se reclama que se actúe con urgencia para habilitar los apoyos necesarios antes de que la situación derive en un internamiento forzoso.
Obligar a Tere a abandonar su pueblo no es cuidarla. Es privarla de su vida tal y como ella la conoce y la elige. El arraigo a la tierra y a la comunidad no es un lujo que deba sacrificarse en nombre de la burocracia.
Su caso pone el foco en un problema estructural que afecta a muchas personas en la España rural: cuando el sistema no llega a los pueblos, son los propios vecinos quienes pagan el precio.
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