El departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Segovia trabaja en un borrador que reduciría el recibo de recogida de residuos para la mayoría de los contribuyentes a partir de 2027. El texto, que el equipo de gobierno del Partido Popular espera llevar a pleno en septiembre, cambiaría el criterio de cálculo actual, basado en los metros cuadrados del inmueble, por uno vinculado al consumo de agua.
La medida llega dos años después de que el consistorio aprobara una subida de esta tasa en un pleno extraordinario celebrado a finales de 2024, una modificación que entonces contó con el voto en contra de parte de la oposición y que disparó la factura de decenas de empresas y particulares en la ciudad.
Aquella subida no fue una decisión caprichosa del ayuntamiento. La Ley estatal de Residuos y Suelos Contaminados obliga a los municipios a cubrir mediante una tasa específica el coste íntegro del servicio de recogida y tratamiento, sin poder recurrir a otros ingresos municipales para financiarlo. El resultado fue que una tasa históricamente deficitaria tuvo que convertirse en un tributo que se autofinancia, lo que disparó los importes.
Desde entonces, el asunto no ha dejado de agitar el debate en el pleno. La oposición ha denunciado que el ayuntamiento recauda más de un millón de euros por encima del coste real del servicio, algo que el equipo de gobierno rechaza. Los cuatro grupos de la corporación han mantenido lecturas enfrentadas sobre quién carga con la responsabilidad política de la subida.
El modelo que ahora se propone para 2027 tomaría el consumo de agua como referencia para calcular el recibo, un criterio que ya aplican otros municipios españoles y que busca aproximarse más a la generación real de residuos de cada hogar o negocio. El gobierno local calcula que supondría una rebaja para nueve de cada diez contribuyentes, aunque el texto sigue siendo un borrador y deberá superar la votación en pleno, que el año pasado ya frenó una propuesta similar de reducción.
Los recibos actuales se dividen en dos pagos anuales. El primero, en torno a 62 euros, se domicilia de forma automática. El segundo, girado en septiembre, es el que recoge las bonificaciones previstas para familias con rentas bajas, familias numerosas y quienes acrediten un correcto reciclaje.
La cita del pleno de septiembre será la próxima prueba para saber si la rebaja llega a convertirse en realidad o queda, una vez más, sobre la mesa.
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