La Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha dado luz verde a la ampliación de una explotación ganadera ubicada en el paraje ‘Albarejos’, en el municipio toledano de Sonseca. La finca, que actualmente alberga 450 terneros, podrá superar el millar de animales, aunque la autorización viene condicionada al cumplimiento de una serie de medidas ambientales pensadas para proteger especies tan emblemáticas como el águila imperial ibérica, el lince ibérico y el buitre.
La instalación se localiza a 2,5 kilómetros al norte del núcleo urbano de Sonseca y a 1,7 kilómetros al este de la pedanía de Casalgordo, en una zona sensible por la presencia de fauna protegida. Por ello, el informe de impacto ambiental simplificado, aunque favorable, impone condiciones claras antes de que los animales puedan llegar a esa cifra de 1.095 cabezas.
Una de las exigencias más destacadas es la instalación de un cerramiento perimetral que permita el libre paso de la fauna silvestre. Queda expresamente prohibido el uso de alambre de espino o cualquier material cortante. Además, la separación entre hilos verticales no podrá ser inferior a 30 centímetros, y la de los hilos horizontales en contacto con el suelo no bajará de los 20 centímetros. Con estas medidas se busca evitar accidentes que puedan afectar a los animales salvajes que transitan por la zona.
El proyecto también llama la atención por su sistema de gestión del estiércol. La explotación no contará con estercolero propio. Las estimadas 6.572 toneladas anuales de estiércol mezclado con la cama de las naves se cargarán directamente desde el tractor-pala a camiones de un gestor externo autorizado, eliminando así el riesgo de lixiviados y contaminación del subsuelo. Eso sí, los movimientos de estiércol deberán evitarse en días de viento intenso o cuando la dirección del viento apunte hacia los núcleos poblados cercanos.
El agua necesaria para la actividad provendrá de un pozo propio, para el que ya se ha solicitado una ampliación de caudal ante la Confederación Hidrográfica del Tajo, con una demanda estimada de casi 17.000 metros cúbicos al año.
La resolución, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, concluye que la actividad no generará efectos adversos significativos sobre el entorno, dado que se desarrolla sobre instalaciones ya existentes y no incorpora tendidos eléctricos ni barreras peligrosas para la fauna. La clave estará en el cumplimiento riguroso de todas las prescripciones fijadas por los organismos competentes.
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