En Segovia, la creciente inversión en la eliminación de amianto ha llevado a un notable incremento en los proyectos de retirada.
En el último año, la provincia ha contabilizado 211 expedientes de retirada, lo que representa más del triple que en 2018, cuando se registraron 68.
Este aumento es el resultado de una combineación de normativas más estrictas y una mejor concienciación sobre los riesgos para la salud que conlleva este material. Desde 2002, la instalación de amianto en nuevas construcciones está prohibida, lo que ha marcado el inicio de su eliminación gradual.
La gestión de la retirada recae principalmente en las manos de empresas especializadas que deben seguir un proceso regulado. Estas compañías deben haber sido aprobadas por las autoridades y presentar un plan de trabajo que detalle cómo se llevará a cabo la retirada sin poner en riesgo a los trabajadores y a la comunidad. La supervisión del cumplimiento de estos protocolos es una tarea que corre a cargo de la Inspección de Trabajo, que también evalúa los planes presentados.
Este esfuerzo no solo se refleja en el número de proyectos, sino también en el volumen de material retirado. Desde 2022, la Junta de Castilla y León ha asignado más de 1,43 millones de euros a financiar 51 de estos proyectos en la región. Esto ha permitido deshacerse de más de 69,000 metros cuadrados de amianto, aunque la lucha no ha terminado. Muchas instalaciones siguen teniendo amianto en diversas formas, no solo en techos, sino también en tuberías y otros elementos estructurales.
Los expertos en salud laboral advierten que el amianto sigue siendo un riesgo en muchas edificaciones, especialmente en áreas rurales donde es común encontrar materiales de construcción más viejos. La combinación de fondos europeos y ayudas gubernamentales ha facilitado inversiones en la eliminación, aunque muchos propietarios aún se muestran reacios a asumir los costes debido a la complejidad burocrática de las solicitudes.
Se estima que el periodo de vida útil del amianto es de aproximadamente 30 años, lo que implica que muchos edificios antiguos contienen este material en estado de deterioro. La obligación de retirarlo surge al cumplir su vida útil, pero la falta de un programa de inspección proactivo hace que esta normativa se aplique de manera desigual. A pesar de la creciente conciencia sobre el problema, muchas construcciones continúan teniendo amianto a la espera de ser sustituidas o reformadas.
La situación general es un llamado a la acción para acelerar la retirada de amianto en la provincia. A medida que esta tarea avanza, se espera que el número de expedientes continúe creciendo, especialmente a medida que más propietarios comprendan la importancia de abordar este problema. En este contexto, seguir las intervenciones en la gestión del amianto se vuelve crucial para la salud pública y la seguridad en la región.