Tres meses después de que un médico residente de Anestesiología se quitara la vida en el Hospital Universitario de Canarias, otros MIR han decidido hablar. Sus testimonios, recogidos por la Asociación MIR España (AME), han llegado ya al Ministerio de Sanidad y dibujan un panorama que preocupa a toda la profesión.
«La situación no va muy bien: un fallecimiento por seis ampollas de fentanilo, una renuncia, dos bajas por depresión y un proceso judicial de por medio», relata una residente de Anestesiología de ese mismo hospital. «Va a acabar mal», concluye.
No es una voz aislada. Los testimonios se acumulan y se confirman entre sí, aunque las identidades permanecen protegidas por miedo a represalias. «Son muy vengativos y me dan miedo las represalias», admite otra residente que pide que su nombre no aparezca. Hay quien incluso teme que en el hospital estén rastreando quién comparte publicaciones en redes sociales.
Entre lo que denuncian figura la falta de supervisión real. Un residente que está a punto de terminar su formación afirma haber sido tutorizado por un compañero de 24 años recién salido de la carrera. Describe también cómo alrededor de 40 facultativos del Servicio de Urgencias podrían no contar con especialidad médica reconocida, y cómo esa carencia afecta directamente a los pacientes: «Ha habido accidentes de dosis y pacientes que debían ser atendidos en un nivel asistencial superior, pero se quedaron en el pasillo de urgencias y han muerto».
A esto se suma la presión asistencial en las guardias. Desde Urgencias se exige a los residentes atender un mínimo de diez pacientes por turno, utilizándolos, según denuncian, como mano de obra barata en lugar de como profesionales en formación.
Lo ocurrido en Canarias no es un caso aislado, advierten desde AME. En lo que va de año, tres médicos residentes se han quitado la vida en España. La asociación pide al Ministerio de Sanidad que retire la acreditación docente al hospital denunciado y que abra una investigación independiente.
«Ese fallecimiento merece respeto, no especulación», subraya Jesús Arzúa Moya, presidente de AME, quien asegura que las identidades de quienes han declarado están debidamente documentadas y pueden acreditarse ante las autoridades por un canal seguro.
El sistema sanitario español vuelve a estar en el centro del debate. Y quienes lo sostienen desde abajo piden, simplemente, que alguien los escuche antes de que sea demasiado tarde.
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