Adif ha reconocido que trece parcelas ubicadas en los municipios alaveses de Lantarón y Ribera Baja quedaron fuera de los expedientes de expropiación vinculados a la futura línea de alta velocidad entre Burgos y Vitoria-Gasteiz. Un olvido administrativo que ahora se corrige y que reabre el proceso para los propietarios afectados.
El gestor de infraestructuras ferroviarias del Estado ha puesto en marcha un procedimiento para incorporar estas fincas al listado oficial de terrenos necesarios para la construcción del trazado del AVE. Se trata de suelos que, por razones que no han sido detalladas públicamente, no fueron incluidos en su momento en la relación de bienes y derechos a expropiar.
Los titulares de estas parcelas contarán ahora con un nuevo plazo para presentar alegaciones ante la administración. Este trámite les permite, entre otras cosas, discrepar sobre la valoración de sus terrenos, aportar documentación acreditativa de su propiedad o señalar cualquier error en los datos registrados sobre sus fincas.
La apertura de este período es una garantía legal fundamental para quienes se ven afectados por una expropiación forzosa. En muchos casos, los propietarios desconocían que sus terrenos podían verse involucrados en el proyecto ferroviario, por lo que la notificación oficial resulta especialmente relevante.
El AVE Burgos-Vitoria es una de las conexiones pendientes dentro del mapa de alta velocidad del norte de España. Su construcción supondrá una transformación significativa en la movilidad de la zona y requerirá la intervención sobre numerosos terrenos a lo largo de su trazado, con el consiguiente proceso expropiatorio que afecta a particulares, comunidades y ayuntamientos.
Lantarón y Ribera Baja, dos comarcas del sureste de Álava, son precisamente los territorios que el trazado atraviesa en su entrada hacia el País Vasco, lo que explica que buena parte de las afecciones sobre el suelo se concentren en estas zonas rurales, donde predominan las parcelas agrícolas y los terrenos de uso privado.
Las autoridades recomiendan a los propietarios afectados que revisen con atención la documentación recibida y, en caso de dudas, acudan a asesoramiento jurídico antes de que expire el plazo de alegaciones para defender adecuadamente sus intereses.
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