La empresa Ceosa-Gedein ha roto su silencio para defenderse de las acusaciones vertidas por el PSOE de Logroño en torno a la adjudicación de las viviendas de protección oficial levantadas en suelo municipal. La compañía, responsable de 54 de las 104 VPO que han generado polémica durante los últimos meses, asegura haber actuado en todo momento dentro de la legalidad.
La promotora ha explicado por primera vez con detalle cómo llevó a cabo el proceso de selección de compradores. Tras adquirir mediante concurso público varias parcelas del Ayuntamiento, abrió un listado al que llegaron a apuntarse cerca de mil personas que manifestaron reunir los requisitos para acceder a una VPO. A partir de ese registro, la empresa fue contactando con los interesados por orden estricto de inscripción. Antes de completar las 54 viviendas, el pasado 28 de julio, llegó a llamar a más de 600 personas.
Las promociones se reparten entre los barrios de La Estrella, La Cava y Fardachón, y la empresa sostiene que tanto la compra del suelo como el proceso de selección de compradores respetan el pliego municipal y la normativa autonómica de vivienda.
La respuesta llega después de que los socialistas denunciaran que las promotoras no habían facilitado la información requerida por el Consistorio sobre los procesos de adjudicación. Ceosa-Gedein lo niega y afirma que solo ha recibido un requerimiento formal, fechado el 20 de marzo, y que lo contestó ese mismo día, aportando los registros correspondientes como prueba.
La compañía también señala que dos de sus solares aún carecían de licencia de obras a fecha del 24 de agosto, lo que impide firmar los contratos de compraventa y llevarlos a visar ante el Gobierno de La Rioja.
El nudo central de la polémica sigue siendo el modelo de adjudicación. Los pliegos de esta convocatoria dejaron en manos de las promotoras privadas la elección final de los compradores, sin sorteo público ante notario ni baremo municipal. Eso es precisamente lo que han criticado PSOE y Partido Riojano, que reclaman más transparencia y control público en el proceso.
Ceosa-Gedein se ampara en la cláusula 29 del pliego, que atribuye a la empresa adjudicataria esa selección, y cierra su comunicado con un tono firme: no hará más declaraciones públicas y emplaza al PSOE a acudir a los tribunales si considera que existe alguna irregularidad.
El Ayuntamiento ha defendido desde el inicio que el sistema es legal, mientras la oposición mantiene sus dudas sobre la falta de un procedimiento homogéneo y público para todos los demandantes.
