Un empleado del Laboratorio Regional de Sanidad Animal de Villaquilambre ha decidido dar un paso adelante y trasladar al Procurador del Común de Castilla y León la persistencia de unas deficiencias higiénico-sanitarias que, según denuncia, se prolongan desde hace más de siete años sin que la Junta haya dado una respuesta definitiva.
El escrito quedó registrado el pasado martes, 25 de agosto, y recoge una situación que ya había sido denunciada públicamente en los meses anteriores sin que los trabajadores hayan visto resolverse los problemas de fondo.
Entre las deficiencias más llamativas figura la presencia de roedores detectada en la zona del sótano del edificio, así como daños visibles en ventanales y elementos estructurales. El trabajador aportó fotografías tomadas el día 24 de agosto, apenas horas antes de presentar el escrito, para acreditar que la situación continúa sin corregirse.
La denuncia subraya que estos problemas no pueden tratarse como simples cuestiones estéticas o de mantenimiento rutinario, especialmente en unas instalaciones dedicadas a la sanidad animal y la salud pública. Afectan, según el escrito, al estado de paredes, techos y suelos, a las condiciones ambientales, a la seguridad de los trabajadores y a la correcta manipulación de muestras y material biológico.
El trabajador reclama a la Junta de Castilla y León una inspección presencial y urgente del laboratorio, una evaluación actualizada de los riesgos laborales y un informe técnico que detalle las deficiencias, su nivel de riesgo y las medidas correctoras necesarias. También exige un plan concreto con plazos, responsables y un detalle de qué actuaciones se han llevado a cabo desde que la situación se hizo pública el pasado 14 de mayo.
El escrito defiende que la solución pasa por una evaluación integral de las instalaciones y no por reparaciones puntuales y aisladas.
La Consejería de Agricultura lleva meses teniendo conocimiento de esta situación. Sin embargo, los trabajadores aseguran que sus quejas, trasladadas por vías formales durante años, no han encontrado la respuesta que consideran necesaria. La intervención del Procurador del Común abre ahora un nuevo frente institucional en un conflicto que se resiste a cerrarse.
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