La Policía Nacional ha identificado a siete activistas como presuntos responsables de los disturbios que estallaron al final de la multitudinaria manifestación antiturística celebrada el pasado 26 de julio en Palma. Los investigados se enfrentan a cargos de desórdenes públicos y daños, y deberán comparecer ante el juez que instruye el caso.
El informe policial, ya en manos del juzgado, va más allá de la identificación de los imputados y traza una reconstrucción detallada de los hechos para respaldar la actuación de los agentes durante las polémicas cargas del final de la jornada.
Según las conclusiones de la investigación, los incidentes se desencadenaron cuando un grupo de manifestantes adoptó una actitud violenta, lanzando piedras, latas y palos contra los agentes. La Policía describe la situación que se vivió entre ses Voltes y la avenida de Antoni Maura como especialmente peligrosa, con varios agentes prácticamente rodeados por lo que el informe califica de «masa hostil».
Para llegar a estas conclusiones, los investigadores han analizado un amplio material audiovisual: imágenes captadas por drones de la Policía Nacional, vídeos grabados durante los incidentes y grabaciones de teléfonos móviles de los asistentes. El cruce de todas estas fuentes permitió identificar a quienes habrían protagonizado los episodios más graves.
El informe también recoge enfrentamientos entre algunos manifestantes y turistas que se encontraban en la zona, un factor que, según la Policía, contribuyó a elevar la tensión y precipitó la intervención de los agentes.
Otro punto relevante del documento es el papel de una de las organizadoras de la marcha. Según las diligencias, los responsables habían sido avisados previamente de que, por razones de seguridad, no sería posible que todos los participantes accedieran a ses Voltes al finalizar la marcha. Pese a ello, la organizadora habría utilizado un altavoz para dirigirse a los manifestantes en un momento de máxima tensión, un episodio que la Policía sitúa como uno de los detonantes de la violencia posterior.
Las conclusiones no implican a todos los asistentes a la protesta, que fue masiva y transcurrió en su mayor parte de forma pacífica. La investigación se centra exclusivamente en quienes habrían actuado de forma violenta en los momentos finales de la concentración.
El caso queda ahora en manos del juez, que deberá valorar el informe policial y decidir los próximos pasos del procedimiento judicial.
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