Esquerra de Menorca – Esquerra Unida ha elevado la voz ante la crisis hídrica que atraviesa la isla y reclama que todos los municipios sigan el camino abierto por Maó: congelar de forma inmediata la concesión de licencias para construir nuevas piscinas hasta que exista un plan real de gestión del agua.
La formación alerta de que la sobreexplotación de los pozos ya está comprometiendo el acceso al agua para las necesidades más básicas de la ciudadanía. En ese contexto, señalan que Menorca acumula más de diez mil piscinas privadas, con una media de dos nuevas construcciones por semana, lo que supone un consumo considerable tanto por el llenado inicial como por la reposición continua.
Hasta ahora, solo el ayuntamiento de Maó ha aprobado una medida concreta en este sentido, suspendiendo durante un año la autorización de nuevas piscinas mientras revisa su normativa. Desde EM-EU consideran que esta iniciativa, aunque válida, llega tarde y que el resto de ayuntamientos de la isla deben actuar con la misma urgencia.
La agrupación también pone el foco en las medidas adoptadas en las últimas semanas por otros consistorios, a las que califica de insuficientes y de difícil control. Como ejemplo, apuntan a la compra de agua mediante camiones cisterna en municipios sin restricciones para llenar piscinas que sí tienen prohibido hacerlo con agua de la red municipal, lo que a su juicio evidencia las contradicciones del sistema actual.
La propuesta de Esquerra de Menorca contempla dos fases. En primer lugar, una moratoria total en todas las licencias de construcción de nuevas piscinas en cualquier punto de la isla. En segundo lugar, que durante ese período los ayuntamientos y el Consell Insular trabajen en un plan específico para reducir el impacto hídrico de las instalaciones ya existentes.
Según la formación, esta suspensión debería mantenerse hasta que se apruebe un plan general de gestión y explotación de los recursos hídricos que garantice el abastecimiento para usos esenciales.
La crisis del agua en Menorca no es nueva, pero el verano de 2026 ha agravado la situación de forma visible. El debate sobre las piscinas ha pasado de ser una cuestión secundaria a convertirse en uno de los ejes centrales de la política municipal en la isla, con vecinos, ayuntamientos y partidos buscando respuestas ante una emergencia que ya no admite demoras.
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