El Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Salamanca tiene fecha de cierre marcada en el calendario: el 18 de diciembre de 2026. Una decisión del Instituto de Mayores y Servicios Sociales que ha encendido todas las alarmas entre trabajadores, usuarios y representantes políticos de la comunidad.
Cerca de medio centenar de empleados y las personas con discapacidad que a diario acuden al centro para recibir tratamiento y rehabilitación se encuentran hoy en una situación de profunda incertidumbre. La posibilidad de que el edificio eche el cierre antes de que acabe el año sin una solución clara pesa sobre todos ellos.
La Unión del Pueblo Leonés ha dado un paso al frente y ha registrado en las Cortes de Castilla y León una batería de preguntas dirigidas al gobierno autonómico. La formación exige saber en qué punto se encuentran las negociaciones entre la Junta y la administración central para un posible traspaso de la gestión del centro.
En su momento, responsables del IMSERSO apuntaron a que el 1 de enero de 2027 tanto el centro como su plantilla podrían quedar bajo el paraguas de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, a estas alturas no existe ningún acuerdo firmado ni confirmación oficial de que ese camino vaya a culminar con éxito.
Los leonesistas también han preguntado si el Gobierno central podría dar marcha atrás en su decisión de clausura, una opción que se antoja fundamental si las negociaciones de transferencia no prosperan antes de la fecha límite.
La iniciativa parlamentaria pone especial énfasis en dos aspectos. Por un lado, que los trabajadores del centro conserven sus puestos en Salamanca y no sufran ningún recorte en sus condiciones laborales. Por otro, que los usuarios no vean interrumpidos ni empeorados los tratamientos y programas de rehabilitación que venían recibiendo.
Para el peor de los escenarios posibles, la formación reclama a la Junta un plan de contingencia que ofrezca alternativas reales tanto a los profesionales como a quienes dependen del centro para continuar con su recuperación. El mensaje es claro: Salamanca no puede quedarse sin este servicio esencial.
El tiempo apremia y las respuestas escasean. Los próximos meses serán decisivos para conocer el destino de un centro que lleva años siendo un pilar fundamental para la atención a personas con discapacidad en la ciudad.
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