El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha recurrido de forma intensiva a los contratos menores durante los primeros siete meses de 2026 para hacer frente, entre otras necesidades, a los estragos que dejó el desbordamiento del Duero el pasado febrero. Esta figura administrativa permite adjudicar obras y servicios directamente a empresas sin pasar por un concurso público, agilizando los plazos pero generando también debate sobre la transparencia en la gestión municipal.
Aunque el número de este tipo de adjudicaciones ha bajado respecto al mismo periodo de 2025, pasando de 67 a 54, el importe total se ha disparado un 11,6%, superando el medio millón de euros. Una tercera parte del incremento, unos 20.000 euros, se explica directamente por los daños de la borrasca Leonardo.
Entre las actuaciones más urgentes derivadas de la riada destaca la reparación de los parques infantiles de La Isla y El Barriles, junto al espacio de calistenia de este último, con un coste de 24.600 euros. También se han reparado los desperfectos en la estación de bombeo y filtración de las piscinas municipales de La Calabaza, por 12.600 euros.
Más allá de la emergencia, el equipo de gobierno ha aprovechado esta vía rápida para sufragar otras partidas no previstas inicialmente, como los gastos técnicos de la primera edición del Aranda Motor Show, que se llevó casi 15.300 euros.
Algunos proyectos que sí figuraban en el Presupuesto de 2026 también se han tramitado como contratos menores. Es el caso de la construcción de 20 columbarios en el cementerio de San Pedro Regalado por 14.365 euros, la reposición de cloradores por un importe similar o la instalación de nuevas cámaras de control de tráfico por 14.800 euros.
El Museo y la Escuela de Cerámica de Aranda también se han beneficiado de esta modalidad: más de 24.000 euros para renovar la valla perimetral del primero y 16.400 euros en obras de arreglo para la segunda. A estas cifras se suma el arreglo urgente de los aleros del edificio de Las Francesas, que amenazaban con desprender cascotes a la vía pública, con una factura de 21.640 euros.
Todas estas contrataciones han partido directamente desde Alcaldía. Ni la junta de gobierno local ni el pleno han utilizado esta figura en lo que va de año, lo que concentra en el alcalde toda la responsabilidad sobre estas decisiones de gasto que, aunque legales, evitan el escrutinio de un proceso licitatorio abierto.
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