Un vecino de Ávila recibirá una indemnización de 28.000 euros tras una operación realizada en el hospital de la capital. Así lo ha determinado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha dado la razón al paciente en su reclamación contra el sistema sanitario público de la comunidad.
La sentencia pone de manifiesto que la atención recibida durante el proceso quirúrgico no se ajustó a los estándares exigibles, lo que provocó daños al paciente que ahora han sido reconocidos y valorados económicamente por los magistrados.
El fallo judicial condena a la administración sanitaria a abonar esa cantidad como reparación por los perjuicios sufridos, una cifra que el tribunal ha considerado proporcional a las consecuencias que el afectado tuvo que soportar a raíz de la intervención.
Este tipo de resoluciones judiciales vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria y la importancia de que los pacientes conozcan sus derechos cuando consideran que han sido víctimas de una mala praxis o de una atención deficiente.
El Hospital de Ávila, centro de referencia para buena parte de la provincia, atiende cada año miles de intervenciones quirúrgicas. La gran mayoría transcurre sin incidencias, pero casos como este recuerdan que el sistema no es infalible y que los ciudadanos cuentan con vías legales para exigir responsabilidades cuando algo sale mal.
La resolución del TSJCyL es firme y la administración deberá hacer efectivo el pago al paciente, que ha tenido que recorrer un largo camino judicial para ver reconocido su derecho a ser compensado.
Desde los colectivos de defensa de los derechos de los pacientes se subraya que estas sentencias, aunque duras para el sistema público, contribuyen a mejorar los protocolos y a reforzar la cultura de la seguridad clínica en los hospitales.
El caso de Ávila se suma así a una lista de resoluciones similares que los tribunales castellanoleoneses han dictado en los últimos años, consolidando la jurisprudencia en materia de responsabilidad sanitaria y abriendo la puerta a que otros afectados en situaciones parecidas den el paso de reclamar lo que por ley les corresponde.
