Diez diputados del Partido Popular por Castilla y León han presentado una pregunta formal en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno explique qué criterios utilizó para invitar a las autoridades que asistieron a la apertura del tramo de la Autovía del Duero a su paso por Valbuena de Duero el pasado 24 de agosto.
La cuestión central que plantean los populares es si las invitaciones a este tipo de actos institucionales dependen de la adscripción política de los invitados, después de que representantes del PP en la Junta de Castilla y León, la Diputación de Valladolid y varios alcaldes de municipios afectados por el nuevo tramo de la A-11 aseguraran que no recibieron ninguna invitación por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Lo que sí quedó documentado es la presencia en el acto de numerosos cargos del PSOE: el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, el subdelegado en Valladolid, Jacinto Canales, y el secretario autonómico socialista Carlos Martínez, además de otros representantes del partido en diferentes administraciones.
La pregunta, firmada por diputados populares de las nueve provincias castellanoleonesas, entre ellos Mercedes Cantalapiedra y Eduardo Carazo por Valladolid, reclama al Ejecutivo que aclare qué normativa de protocolo se aplicó, quiénes fueron exactamente los invitados, cuándo y cómo recibieron esa invitación, y si los representantes de la Junta, la Diputación y los ayuntamientos de la zona fueron o no convocados. En caso de no haberlo sido, exigen conocer los motivos.
El PP también pide que la respuesta sea, en sus propias palabras, clara, precisa, completa e individualizada, sin remisiones a enlaces externos o documentos que no contengan directamente la información solicitada.
El asunto se suma a la tensión ya existente en torno a la apertura de la autovía, después de que varios alcaldes de la zona calificaran de absurdo el rodeo que, según denunciaron, la Junta de Castilla y León les impone tras la puesta en servicio del nuevo tramo.
La inauguración de infraestructuras de esta magnitud suele ser un acto de consenso institucional. Que se convierta en foco de disputa política dice mucho del momento que atraviesan las relaciones entre administraciones en Valladolid y en el conjunto de la comunidad.
