El agua que llega a los grifos de Maó tiene un origen que el gobierno municipal socialista prefiere no aclarar. Desde hace meses, camiones cisterna transportan agua potable procedente de acuíferos de otros municipios hasta el depósito de Turó, y las cifras hablan por sí solas: 7.110 metros cúbicos en mayo, 9.111 en junio y 10.072 en julio. Lo que ocurrió en agosto sigue sin conocerse.
La oposición, en manos del PP, lleva semanas reclamando información sobre el número de camiones, su coste y, sobre todo, su procedencia. Las sospechas apuntan a que el agua llega desde Es Mercadal, cuyo alcalde, Joan Palliser, ha pedido un informe a la dirección de Recursos Hídricos ante la situación.
El silencio del equipo de gobierno de Héctor Pons resulta llamativo, especialmente después del giro que dio el PSOE-Maó el pasado julio al renunciar a la construcción de una tercera desnitrificadora y apostar por la desalación, la misma fórmula que venía defendiendo el PP. Un cambio de criterio que llegó justo cuando salía a la luz la dependencia de los camiones cisterna.
Ahora, el gobierno municipal pone la mirada en la desaladora de Rafal Amagat, en Ciutadella, y anuncia que espera poder cargar agua desde allí para abastecer Maó el próximo verano. Sin embargo, desde el municipio del oeste de la isla el mensaje es claro: la prioridad es garantizar el suministro propio de Ciutadella, recargando primero los pozos de Es Caragolí antes de pensar en los de Turó.
No es una cuestión de rivalidad entre municipios, sino de lógica en la gestión de un recurso escaso. La desaladora de Rafal Amagat, que fue criticada en su día por haber sido impulsada durante el gobierno de Jaume Matas, tiene capacidad para triplicar su producción actual. Pero esa capacidad tiene dueño, y Ciutadella no está dispuesta a ceder el agua que necesita.
La pregunta que sobrevuela la situación es incómoda: ¿por qué el Govern Armengol, durante los ocho años que estuvo al frente de Balears, no construyó las canalizaciones que habrían conectado Rafal Amagat con Es Caragolí? Esa infraestructura habría evitado buena parte del problema actual.
Mientras los debates políticos avanzan despacio, los camiones cisterna siguen rodando por las carreteras de Menorca cargando el agua que una capital de isla no debería necesitar importar en pleno siglo XXI.
