Los procuradores zamoranos del PSOE en las Cortes de Castilla y León han registrado una Proposición No de Ley para exigir a la Junta de Castilla y León una actuación urgente en la parcela contigua al bloque de 22 viviendas sociales ubicado en los números 3 y 5 de la Avenida de la Frontera, en Zamora.
El terreno, que hace años debía haberse convertido en zona de aparcamiento para los residentes, presenta hoy un aspecto muy diferente al prometido. En él se acumulan vehículos oficiales retirados e inservibles, un camión fuera de uso, maleza, escombros y diversos materiales en estado de abandono.
El edificio en cuestión fue rehabilitado por SOMACYL y la Dirección General de Vivienda con una inversión de 2,6 millones de euros procedentes de fondos europeos REACT-EU, con el objetivo de ofrecer vivienda social en régimen de alquiler. Sin embargo, los residentes nunca pudieron usar el sótano como aparcamiento, y la Junta se comprometió en enero de 2023 a acondicionar la parcela exterior para suplir esa carencia. Tres años después, ese compromiso sigue sin cumplirse.
El procurador Javier García Martín ha sido especialmente contundente en sus declaraciones. Considera inaceptable que la propia administración autonómica utilice el entorno de un bloque de viviendas sociales como vertedero de sus propios vehículos, recordando que los coches abandonados están legalmente catalogados como residuos peligrosos por su alto riesgo de contaminación e incendio. La cercanía de la parcela al bosque de Valorio y a una zona de caravanas agrava aún más la situación.
La acumulación de maleza y materiales combustibles junto a las viviendas genera una preocupación añadida entre los vecinos, especialmente en los meses de mayor calor y riesgo de incendio.
Los procuradores socialistas Javier García Martín, Jesús Iñaki Gómez Domínguez y Patricia Martín Guerra reclaman medidas concretas e inmediatas: la retirada de todos los vehículos y el camión abandonados, la limpieza y adecuación completa del terreno, y el derribo de las construcciones en mal estado que podrían suponer un riesgo de derrumbe.
Además, insisten en que la parcela sea por fin habilitada como aparcamiento exclusivo para los residentes de las 22 viviendas, con barreras que garanticen su uso correcto.
Familias y jóvenes que viven en uno de los bloques rehabilitados con dinero público llevan años esperando que la administración cumpla su palabra. La pelota, dicen los socialistas, está en el tejado de la Junta.
