La organización ecologista Terraferida ha encendido las alarmas en Mallorca tras documentar la construcción de 10.680 piscinas nuevas en la isla a lo largo de tan solo nueve años, entre 2015 y 2024. Una cifra que, lejos de ser un simple dato estadístico, refleja el ritmo imparable con el que el territorio balear continúa transformándose.
Lo que más preocupa a los expertos no es solo el número total, sino dónde se están levantando estas infraestructuras. Según los datos recabados por la organización, tres de cada diez piscinas construidas en ese periodo se ubican en suelo rústico, espacios que en teoría deberían estar protegidos frente a la presión urbanística.
Ante esta situación, Terraferida reclama de forma urgente una moratoria urbanística que frene el avance de este tipo de construcciones y proteja lo que queda del paisaje natural mallorquín.
El análisis municipal revela que Palma, Marratxí y Calvià son los municipios que acumulan un mayor número de piscinas nuevas en términos absolutos. Sin embargo, cuando se cruzan los datos con la población de cada localidad, el mapa cambia: Ariany y Santanyí se sitúan a la cabeza en proporción al número de habitantes, lo que indica una densificación notable en municipios de menor tamaño.
Esta proliferación de piscinas no es un asunto menor. En una isla como Mallorca, donde los recursos hídricos son limitados y la presión turística y residencial no da tregua, cada nueva piscina supone un consumo adicional de agua, suelo y energía. Los grupos ecologistas llevan años advirtiendo de que el modelo de crecimiento de las Baleares es insostenible a medio plazo.
La denuncia de Terraferida llega en un momento especialmente sensible, con el debate sobre la saturación turística y la especulación inmobiliaria muy vivo en la sociedad mallorquina. Vecinos, colectivos sociales y partidos de distinto signo político llevan meses exigiendo medidas concretas para contener un crecimiento que muchos consideran fuera de control.
Por el momento, la pelota está en el tejado de las administraciones locales y autonómicas, que deberán decidir si aplican restricciones efectivas o si permiten que la isla siga construyendo a este ritmo. El tiempo, y el agua, se agotan.
