El curso 2026/27 comienza este martes con más sombras que luces para la enseñanza pública en Cantabria. El sindicato ANPE, que preside la Junta de Personal Docente, ha lanzado una advertencia clara: el arranque será «crítico» debido a la falta de negociación con la Consejería de Educación.
La portavoz de la organización, Rus Trueba, ha cifrado el problema en datos concretos. Según ANPE, se han suprimido 108 puestos de trabajo docente, se han cerrado más de 70 unidades escolares y se ha reducido un 25% el número de especialistas respecto al curso anterior. Entre los afectados figuran maestros de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, perfiles especialmente necesarios para la atención a la diversidad del alumnado.
Para el sindicato, estos recortes resultan difíciles de entender precisamente ahora. La bajada de natalidad, argumenta Trueba, debería haber servido para reducir las ratios de alumnos por aula, reforzar los apoyos y mejorar la calidad educativa. En cambio, ha ocurrido lo contrario: menos alumnos han derivado en menos recursos.
ANPE también ha puesto el foco en la política de conciertos educativos de la Consejería que dirige Sergio Silva. Mientras las plantillas de los centros públicos se revisan y recortan cada año, los centros concertados, denuncia el sindicato, mantienen sus acuerdos blindados durante cuatro años.
El consejero Silva ha salido al paso de estas críticas y ha defendido que todo responde a «una planificación racional acorde a una realidad de menos alumnos». Ha destacado que más del 95% de los más de 10.000 docentes de la región ya están incorporados a sus centros y ha calificado de «magnífico» el trabajo realizado por el equipo de Recursos Humanos en la adjudicación de plazas. Además, ha recordado que Cantabria es una de las comunidades con mayor financiación pública por alumno.
Las dos partes, sin embargo, no parecen encontrar terreno común. ANPE habla de «ruptura de confianza» y de un «cronograma de negociación incumplido», mientras que Silva achaca las declaraciones del sindicato a una «estrategia de conflicto permanente».
El punto más inmediato de tensión es la huelga de actividades extraescolares convocada para el 8 de septiembre, fecha en que arrancan las clases. Los sindicatos educativos exigen un marco jurídico que dé seguridad a los docentes en estas salidas. Trueba ha dejado claro que ese paro podría haberse evitado con una simple llamada a la mesa de negociación.
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