El diputado general alavés, Ramiro González, ha fijado este martes la postura de la institución foral ante la crisis de los menores no acompañados en Ceuta: reagrupación familiar como prioridad y solidaridad si llega el momento de repartir acogida.
Con cerca de 2.600 menores sin acompañamiento adulto en la ciudad autónoma según las últimas estimaciones del Gobierno central, González ha subrayado que, por ahora, Madrid no ha cursado ninguna petición formal a Álava para hacerse cargo de ninguno de ellos.
El diputado general ha defendido que existe un «consenso muy amplio» en torno a la idea de que la primera opción, y la más beneficiosa para los niños, es el retorno con sus familias en Marruecos. Para ello, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que acelere la identificación de los menores y que sea «exigente con Marruecos», reclamando más medios en Ceuta y una interlocución seria con el régimen alauita.
González ha puesto el foco especialmente en los menores de 13 años y en las niñas que deambulan por la ciudad autónoma, a quienes ha calificado como la «principal preocupación» en este momento. Ha insistido en que hay que conocer su edad, su situación personal y familiar, y valorar cuándo y si es posible un retorno seguro antes de plantear cualquier otra medida.
Solo después de agotar ese proceso, ha dejado claro, se abrirá la puerta a otras decisiones. Y en ese punto ha sido rotundo: «Somos un territorio solidario. Llegado el momento en el que haya que tomar decisiones, Álava va a responder.»
La posición de la Diputación alavesa se acerca a la planteada por Gipuzkoa, cuya diputada general Eider Mendoza habló este fin de semana de una «obligación legal y moral» de acoger a los menores migrantes. El lehendakari Pradales también señaló que la prioridad es localizar a las familias antes de valorar cualquier otra intervención.
Bizkaia, en cambio, ha mostrado una postura más restrictiva, alegando que ya supera en más de 200 personas su capacidad de acogida con los 584 menores migrantes que actualmente tiene a su cargo.
La crisis de Ceuta sigue poniendo a prueba la solidaridad institucional en todo el País Vasco, y Álava ha querido dejar claro que no mirará hacia otro lado, aunque marcando los tiempos y el orden de las prioridades.
