Vitoria-Gasteiz no ha recibido aún ninguna solicitud oficial para acoger a menores migrantes procedentes de Ceuta, pero su diputado general, Ramiro González, ya ha dejado clara la posición del territorio: si llega el momento, habrá que dar prioridad a los más vulnerables.

González ha alzado la voz para pedir que, en la gestión de la crisis humanitaria desatada en la ciudad autónoma, se coloque en primer lugar a las niñas y a los menores de 13 años. Una franja de edad que, según el dirigente alavés, requiere una atención especial y diferenciada del resto de menores no acompañados.
El diputado general ha querido ser claro ante la ciudadanía: Álava no ha recibido todavía ninguna petición formal de acogida por parte de las administraciones competentes. Es decir, por el momento no hay un reparto de menores previsto para el territorio histórico, aunque la situación en Ceuta sigue siendo de una enorme presión y la llegada masiva de personas, muchas de ellas niños, continúa generando una emergencia sin precedentes.
A pesar de la ausencia de solicitudes, González no ha querido quedarse al margen del debate. Su intervención busca marcar una hoja de ruta ética y social de cara a una eventual petición de colaboración. En ese escenario, la infancia más pequeña y las niñas serían el grupo al que Álava respondería con mayor urgencia.
La postura del diputado general conecta con el sentir de muchas organizaciones de protección a la infancia, que llevan días alertando sobre la especial vulnerabilidad de los niños y niñas de corta edad que llegaron solos o separados de sus familias a territorio español.
Desde Vitoria-Gasteiz, la mirada está puesta en cómo evoluciona la situación y en qué papel puede jugar Álava si finalmente se activa un mecanismo de distribución entre comunidades y territorios. Por ahora, la institución foral espera con la guardia alta y los recursos preparados.
La crisis de Ceuta ha puesto a prueba la solidaridad del conjunto del Estado, y los territorios vascos no son ajenos a ese debate. La voz de González llega en un momento en que muchos ayuntamientos y diputaciones del país están siendo interpelados sobre su disposición a colaborar en la acogida.



