El acuerdo que durante meses sostuvo la Zona de Bajas Emisiones en Vitoria se ha roto. EH Bildu ha retirado su apoyo al pacto alcanzado con el equipo de Gobierno (PSE-PNV) y amenaza con votar en contra de la reforma de la ordenanza si no se garantiza de forma permanente que los vecinos del centro puedan circular con vehículos contaminantes sin restricciones.
El origen del conflicto se remonta al acuerdo firmado en marzo de 2025. La coalición soberanista condicionó entonces su apoyo a la ZBE a que se priorizara a los residentes frente a quienes no viven en la zona acotada. A cambio, el Ayuntamiento contemplaba una exención de dos años para los vecinos con coches de etiqueta A o sin distintivo ambiental, vigente hasta el 15 de septiembre de 2027.
Ahora el Gobierno municipal ha cambiado de rumbo. Tras un largo proceso de análisis, ha decidido no imponer nuevas restricciones al tráfico en el centro a partir del próximo 15 de septiembre. Los técnicos municipales concluyeron que la circulación ya es bastante escasa y que aplicar más limitaciones resultaría una operativa excesivamente compleja para reducir muy pocos accesos, ya que la mayoría de vehículos que transitan por la zona son residentes o tienen fines comerciales.
Esta decisión, celebrada por buena parte de la ciudadanía, ha encendido a EH Bildu. La formación que lidera Rocío Vitero considera que el Ayuntamiento ha incumplido de forma unilateral lo pactado y ha elevado el tono: o los vecinos del centro con coches contaminantes quedan exentos de las restricciones de manera indefinida, y no solo durante dos años, o la coalición votará en contra de cualquier reforma de la norma en el Pleno.
Desde el Departamento de Espacio Público, la postura es firme. El Gobierno defiende mantener el centro abierto apoyándose en los informes técnicos y en el amplio respaldo vecinal, y descarta por completo el llamado cerrojazo al tráfico.
El problema es que, sin el apoyo de EH Bildu, la reforma de la ordenanza queda en el aire. La coalición soberanista ha sido hasta ahora un socio estratégico del Ejecutivo en cuestiones clave como los Presupuestos o las ordenanzas fiscales, y su ruptura abre una brecha de consecuencias difíciles de calcular.
Con el final de la legislatura ya visible en el horizonte y sin plazos claros para revisar la norma, el Gobierno de Vitoria se enfrenta a un dilema: ceder a las exigencias de EH Bildu o buscar nuevos aliados en la oposición para sacar adelante la reforma.
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