Los residentes de la calle Alta llevan años conviviendo con una estampa que se repite cada mañana: una fila de coches junto a la entrada del aparcamiento gratuito de la antigua Prisión Provincial, con conductores preguntando uno a uno si alguien va a sacar su vehículo. El anuncio de un futuro parking subterráneo en ese mismo solar ha reabierto el debate sobre quién pagará por aparcar y cuántas plazas habrá.
El aparcamiento actual cuenta con 317 plazas. Es gratuito y, desde su habilitación tras el derribo de la cárcel en 2010, se convirtió en un recurso imprescindible para la zona. Siempre se supo que era temporal, pero los bloqueos administrativos prolongaron su existencia durante años. Ahora, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, propietaria del terreno, ha retomado el proyecto para construir viviendas e incluye en sus planes un aparcamiento subterráneo.
La noticia llegó a través del concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, quien confirmó durante el último pleno municipal que el proyecto está «en los inicios de la gestión urbanística de la parcela». Poco más se sabe: aún no está definido si el aparcamiento será de uso rotatorio o para residentes, ni cuántas plazas tendrá.
Esa incertidumbre es precisamente lo que inquieta a los vecinos. «Si el subterráneo es gratis y tiene las mismas plazas, perfecto. Porque los que venimos aquí sabemos lo complicado que es aparcar en el entorno», señaló Cristian González, usuario habitual del parking.
Gabriel Espitia, residente de la calle Alta, va más allá y apunta a un escenario que teme: «Me temo que lo que harán será vender o alquilar la mitad de las plazas. Entonces ya no es lo mismo.»
Carmen Fernández reconoce que el nuevo parking es necesario, pero pone condiciones: «Aquí contamos con cierta rotación y sin estas plazas es inviable. Lo suyo es que siga siendo gratis.»
El retraso histórico del proyecto estuvo vinculado a un pequeño terreno en una de las esquinas del solar que no pertenecía a la Sociedad de Infraestructuras Penitenciarias. La falta de acuerdo con los herederos de esa parcela bloqueó durante años cualquier tramitación. Ahora, con el proyecto de urbanización ya redactado y el de compensación en trámite, el proceso parece haberse desbloqueado.
Los vecinos esperan respuestas concretas antes de que las máquinas entren en la parcela. Para ellos, la clave está en dos preguntas: ¿cuántas plazas habrá y cuánto costarán?
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