El grupo Ecologistas Zamora ha anunciado que presentará un recurso de reposición y solicitará la paralización cautelar de las dos plantas de hidrógeno verde autorizadas esta semana en Granja de Moreruela, alegando un impacto «crítico» sobre uno de los espacios naturales más valiosos de la provincia.
Las dos instalaciones cuentan con concesiones de aguas subterráneas del acuífero Villafáfila, del que extraerán conjuntamente cerca de 234 millones de litros al año. Para los ecologistas, esa cifra representa una amenaza directa para las Lagunas de Villafáfila, la mayor reserva de aves de toda Castilla y León, así como para varios municipios de la comarca zamorana de Tierra de Campos.
La organización considera que los informes aportados por la Junta de Castilla y León para demostrar que la extracción de agua no causará daños al complejo lagunar no son suficientes. Por ello, exige acceso completo a los estudios hidrogeológicos, los ensayos de bombeo, los modelos numéricos de incertidumbre y todos los informes preceptivos vinculados a ambos proyectos, y pide que sean analizados de forma conjunta y no por separado.
A este argumento de fondo se suma una cuestión de forma no menor: la propia Administración autonómica reconoce en su resolución haber incumplido el plazo máximo de seis meses que establece la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León para resolver y notificar este tipo de autorizaciones.
La Junta justificó el retraso en la solicitud de informes y en distintos requerimientos de subsanación, pero Ecologistas Zamora denuncia que no se sabe qué informes fueron esos, si se publicaron y cuándo se reinició legalmente el cómputo del plazo. Una falta de transparencia que, según la organización, se extiende también al acceso al expediente completo, obstaculizado mediante lo que califican de «maniobras formalistas» como exigir el uso exclusivo de formularios normalizados.
El anuncio llega en un momento en que los macroproyectos energéticos en la provincia zamorana generan un debate creciente entre vecinos, instituciones y colectivos medioambientales. El futuro de este espacio protegido, hogar de miles de aves, quedará en manos de los tribunales si la paralización solicitada prospera.
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