La Junta de Castilla y León ha designado a María Elena Marcos Díaz como nueva directora de Centros Residenciales de la Gerencia de Servicios Sociales en Zamora, un cargo que llega en uno de los momentos más delicados para la atención pública a mayores en la provincia.
El nombramiento se ha hecho efectivo mediante el sistema de libre designación, tras una convocatoria pública abierta en junio pasado. La resolución quedó publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado dos de septiembre.
Marcos Díaz asume las riendas de los centros residenciales en un escenario de plena transición, marcado por la inminente apertura de la nueva residencia pública ubicada en la avenida de Requejo, que contará con alrededor de 180 plazas.
El problema es que la actual residencia de Los Tres Árboles ya ofrece 167 plazas públicas, lo que ha alimentado la inquietud entre sindicatos, trabajadores y familias de residentes. La diferencia entre ambos centros es mínima, y la pregunta que sobrevuela la provincia es si la nueva infraestructura ampliará de verdad la oferta pública o simplemente sustituirá a la antigua.
CCOO y UGT han sido claros en su posición: piden que Los Tres Árboles permanezca abierto y que ambos centros puedan funcionar a la vez. Para reforzar esa demanda, los sindicatos impulsaron incluso una recogida de firmas en defensa de la continuidad del centro.
La Junta, por su parte, aún no ha concretado qué ocurrirá definitivamente con Los Tres Árboles cuando Requejo eche a andar. En junio, la Administración garantizó que el centro seguiría operativo al menos hasta el último trimestre del año para asegurar la atención a los residentes durante el periodo de transición.
Entre las opciones que se barajan está la de reorientar el edificio hacia la atención de personas mayores con discapacidad, mediante una fórmula de gestión indirecta. Sin embargo, nada está cerrado todavía.
Es en ese contexto donde la nueva directora tendrá que demostrar su gestión. Una transición con residentes, trabajadores y plazas en juego no es un punto de partida sencillo. Zamora espera respuestas concretas sobre un debate que lleva meses abierto y que afecta a algunas de las personas más vulnerables de la provincia.
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