El Principado salió este jueves a defender su actuación en el polémico asunto del piso del paseo de La Florida, en Oviedo, donde estaba previsto alojar a ocho menores extranjeros no acompañados y cuya propietaria guarda relación familiar directa con un alto cargo de la Consejería de Derechos Sociales.
El portavoz del Gobierno autonómico, Guillermo Peláez, consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, reclamó reconocimiento por lo que denominó una actuación de «absoluta transparencia» desde el momento en que el Ejecutivo tuvo conocimiento del vínculo familiar entre el jefe del Servicio de Infancia y la propietaria del inmueble. Al parecer, ambos son primos hermanos.
«En cuanto tuvimos constancia de esa vinculación lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía para que depure las responsabilidades que haya que depurar», afirmó Peláez antes de participar en un acto en la capital asturiana.
Sus declaraciones llegan un día después de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, anunciara el envío de toda la documentación del expediente al Ministerio Fiscal para que valore las circunstancias y determine las actuaciones oportunas. La decisión se tomó tras un informe interno de la Secretaría General Técnica de la consejería que destapó la conexión entre el cargo público y la sociedad García Villamil S.L., vinculada a la propiedad del número 32 del paseo de La Florida.
El traslado de los ocho menores, que residen actualmente en Avilés en instalaciones que se consideran obsoletas, nunca llegó a materializarse. Tampoco se formalizó el contrato de arrendamiento, que debía suscribir la Fundación Diagrama, entidad concertada encargada de su atención.
La nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, que tomó posesión apenas el lunes pasado, ya había descartado ese inmueble alegando «dudas técnicas y jurídicas» y las cargas que pesaban sobre la propiedad.
Sobre el futuro inmediato de los menores, Peláez explicó que será la propia fundación gestora quien deba proponer una nueva ubicación, tras lo cual se iniciará el correspondiente expediente administrativo.
El caso ha generado una fuerte controversia en la ciudad, con concentraciones vecinales y críticas desde distintos sectores que acusan al Principado de falta de diligencia. El Gobierno, sin embargo, insiste en que actuó con celeridad y transparencia en cuanto dispuso de información sobre el conflicto de intereses.
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