Las guardias nocturnas de los taxistas de Vitoria han quedado oficialmente suspendidas después de que el propio Ayuntamiento reconociera haber cometido un error de interpretación jurídica que tumba los servicios mínimos que él mismo impuso.
El Consistorio vitoriense no respondió dentro del plazo legal al recurso de reposición presentado por el Grupo Celedón, una de las principales asociaciones del sector, que solicitaba la suspensión temporal de las guardias mientras se estudiaban sus alegaciones.
El problema es que el Ayuntamiento creyó que el silencio administrativo equivalía automáticamente al rechazo de esa solicitud. Sus propios servicios jurídicos le han tenido que corregir: no funciona así. La ley exigía una respuesta expresa antes de que venciera el plazo de un mes, y ese plazo pasó sin que se notificara nada al Grupo Celedón.
La consecuencia es directa: el decreto que regulaba los turnos nocturnos de fin de semana y festivos queda sin eficacia de manera indefinida. Los taxistas ya no tienen obligación legal de cumplir ese calendario, a no ser que decidan hacerlo de forma voluntaria.
El Consistorio ha sido claro al reconocer el tropiezo: «Se produjo un error de interpretación jurídica sobre la suspensión de la eficacia del decreto y, como consecuencia, transcurrió el plazo sin que se notificara la respuesta». Un varapalo especialmente llamativo porque apenas unas horas antes el propio Ayuntamiento mantenía la postura contraria.
El decreto que obliga a las guardias nocturnas no ha sido anulado, pero permanece suspendido hasta que el Consistorio dé respuesta formal al recurso del Grupo Celedón, presentado el 31 de julio. Desde la Casa Consistorial aseguran que ya trabajan en los informes técnicos y jurídicos necesarios para resolver la situación.
Las guardias solo llegaron a cumplirse dos noches desde que el decreto entró en vigor, los días 25 y 26 de julio, antes del parón de agosto. La previsión era retomar el servicio este fin de semana, algo que ya no ocurrirá.
Este frente no es el único que tiene abierto el Departamento de Espacio Público, que dirige Beatriz Artolazabal. Un grupo de 65 taxistas ha presentado además una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo solicitando medidas cautelares para suspender el decreto. El juzgado ya ha pedido al Ayuntamiento un informe técnico-jurídico, tras el cual el magistrado decidirá si mantiene o no la suspensión mientras se tramitan los recursos.
El conflicto entre el Ayuntamiento y el sector del taxi en Vitoria está lejos de cerrarse.
