Izquierda Unida ha denunciado que varios centros educativos de la capital riojana comenzarán el curso escolar con los ascensores clausurados, dejando a estudiantes con movilidad reducida ante la posibilidad real de no poder llegar a sus propias clases.
Los colegios afectados son el CEIP Escultor Vicente Ochoa, el CEIP Las Gaunas y el CEIP General Espartero. Según la coalición de izquierdas, el motivo de la clausura no es una avería técnica, sino algo mucho más difícil de justificar: los contratos municipales de mantenimiento de los elevadores han caducado y no han sido renovados a tiempo.
La coordinadora de IU Logroño, Eunate García, ha sido contundente al valorar la situación. «No hablamos de una comodidad, hablamos del derecho de una niña a entrar en su aula como el resto. Un centro sin ascensor es un centro sin inclusión», ha afirmado. García ha insistido en que no se trata de un imprevisto, sino de una cuestión de prioridades y de planificación fallida por parte del equipo de Gobierno municipal, encabezado por Conrado Escobar.
La formación ha exigido que el problema quede resuelto antes del primer día de clase y ha pedido explicaciones públicas sobre cómo se ha llegado a esta situación. Además, ha recordado que los ascensores no solo son imprescindibles para el alumnado con discapacidad, sino que también se usan a diario para el traslado de material y mobiliario escolar.
IU ha aprovechado la denuncia para reclamar una auditoría completa del estado de conservación y accesibilidad de todos los colegios públicos de Logroño. La coalición también ha anunciado que se pone a disposición de las asociaciones de madres y padres de los centros afectados para acompañarles en las gestiones que sean necesarias.
La situación pone en evidencia una vez más la fragilidad de la gestión del mantenimiento en la infraestructura educativa pública. Que un contrato caducado pueda dejar a un niño con silla de ruedas sin acceso a su aula el primer día de septiembre es, para muchas familias, algo más que un fallo administrativo: es una señal de que la inclusión todavía queda lejos de ser una prioridad real en las agendas municipales.
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