El Gobierno regional de Cantabria, presidido por María José Sáenz de Buruaga, ha incrementado en un 11% el gasto destinado a altos cargos y personal de confianza respecto al último ejercicio completo del bipartito regionalista-socialista de Miguel Ángel Revilla. Las nóminas han pasado de 7,6 millones de euros en 2022 a 8,4 millones en 2025, según los datos de ejecución presupuestaria de la Consejería de Economía.
El dato resulta llamativo porque, durante la pasada legislatura, el PP utilizó precisamente este capítulo como uno de sus argumentos más repetidos contra el anterior ejecutivo. Los populares denunciaban entonces lo que consideraban un gasto excesivo y un uso interesado de las instituciones para colocar a personas cercanas al partido en empresas públicas como Cantur o la Sociedad Regional de Cultura.
Ahora, tres años después, son ellos quienes gobiernan y los números apuntan en la misma dirección que criticaban.
El incremento no se explica únicamente por la subida del coste de la vida. Está dos puntos por encima del IPC acumulado en el mismo periodo, lo que indica que hay algo más detrás: o bien las retribuciones han subido por encima de la inflación, o se han incorporado nuevas personas a puestos políticos y de confianza. Sobre esto último ya hay ejemplos concretos. Este verano, la Consejería de Cultura y Turismo creó un nuevo cargo directivo en Cantur, el de responsable de Operaciones y Talento.
A estas nóminas hay que sumar otros 640.000 euros gastados en dietas y gastos de representación desde el inicio de la legislatura. La mayor parte, 543.000 euros, corresponde a desplazamientos dentro de la propia comunidad autónoma. El resto son gastos de representación en eventos institucionales: desde flores por el fallecimiento de funcionarios hasta comidas para premiados en los Premios Beato de Liébana.
El consejero de Salud, César Pascual, encabeza la lista individual de dietas con 31.130 euros hasta el mes de agosto.
Ante esta situación, el papel opositor que el PP ejerció en su día lo ocupa ahora Vox, que exige al Gobierno una reducción de lo que denomina «la grasa de la administración».
La ironía del cambio de roles no ha pasado desapercibida en los círculos políticos cántabros. Lo que antes era inaceptable para quienes hoy gobiernan parece haberse convertido, una vez en el poder, en algo difícil de contener.
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