La Manjoya lleva meses esperando una respuesta del Ayuntamiento de Oviedo a una demanda que, según sus habitantes, no puede ser más razonable: que el autobús urbano que da servicio a su barrio pase con más frecuencia que una vez cada hora.
La concejala de IU-Convocatoria por Oviedo Cristina Pontón ha trasladado esta semana al concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, la exigencia de que cumpla el compromiso que él mismo adquirió ante los vecinos. Según recoge el acta de una reunión de distrito celebrada en diciembre de 2025, Cuesta se comprometió expresamente a «rebajar la frecuencia de la hora actual» en esa zona de la ciudad.
Sin embargo, en el último Pleno municipal el Ayuntamiento negó esa mejora, lo que ha generado un choque directo entre el equipo de gobierno del PP y la oposición, además del malestar creciente entre los residentes del barrio.
Pontón ha señalado que le resulta «difícil entender» que algo afirmado «sin ninguna duda» ante los vecinos sea ahora rechazado en sede plenaria, y ha reclamado que el Ayuntamiento haga públicos el informe técnico y los datos de usuarios en los que basa su decisión de no actuar.
La línea en cuestión no presta servicio únicamente a viviendas particulares. Conecta con equipamientos de uso colectivo como el IES Naranco, el Centro Asturiano, la residencia del ERA, la Fundación Vinjoy y los campos de fútbol y rugby del barrio. Una frecuencia de una hora, a juicio de IU, convierte el servicio en algo prácticamente inútil para quienes dependen de él en el día a día.
Los propios vecinos han dejado clara su postura con la recogida de 2.000 firmas, una cifra que Pontón ha destacado como señal inequívoca de que la demanda es real y urgente.
La concejala ha vinculado esta reivindicación al proceso de revisión del plan de transporte urbano de Oviedo que está en marcha, y ha defendido que ese proceso debe servir precisamente para detectar carencias y corregirlas. «Revisar el transporte público significa precisamente detectar dónde hay necesidades y actuar en consecuencia», afirmó Pontón.
La pelota queda ahora en el tejado del Ayuntamiento, que deberá decidir si escucha las 2.000 voces del barrio o mantiene una frecuencia que sus propios vecinos califican de insuficiente.
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