El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Segovia ha declarado ilegal un cambio en el criterio de reincorporación al servicio de los policías locales. Este cambio, implementado por el Ayuntamiento, afecta a aquellos agentes que regresan al trabajo tras una baja laboral o accidente. La decisión se había aplicado durante más de 40 años sin controversia alguna, hasta ahora.
La sentencia, datada el 26 de enero y presentada por el sindicato SPPMCyL, explica que la actuación del Ayuntamiento presenta un carácter discriminatorio. Según el fallo, se plantea un trato desigual hacia situaciones opcionalmente equivalentes, lo que vulnera el principio de igualdad entre los empleados públicos.
El juicio destaca que el cambio de criterio no tenía una finalidad legítima en términos de regulación de personal. Se argumenta que la verdadera intención era la de fortalecer la posición del Ayuntamiento en negociaciones laborales, repercutiendo negativamente en condiciones de trabajo de un colectivo especifico. Esta conducta del Ayuntamiento ha sido calificada por el tribunal como una desviación de poder.
Además, el tribunal ha ordenado al Ayuntamiento el pago de las costas judiciales resultantes del proceso. El sindicato SPPMCyL ha expresado su preocupación por la responsabilidad financiera que esto supone para la ciudadanía. Según el sindicato, serán los contribuyentes quienes, a través de sus impuestos, asumirán estos costos, no quienes tomaron las decisiones problemáticas que llevaron al pleito.
El nuevo criterio había sido implementado en un contexto de conflicto laboral, lo que ha generado tensiones entre el cuerpo policial y la administración municipal. Los cambios propuestos en la incorporación de los agentes eran vistas como un intento de precarizar las condiciones laborales del colectivo afectado.
El fallo judicial abre la puerta a una posible apelación por parte del Ayuntamiento. Así, existe un plazo de 15 días para que se presente el recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ubicado en Burgos. La posibilidad de esta apelación añade incertidumbre sobre el futuro de la situación laboral de los policías locales.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de un diálogo efectivo entre el Ayuntamiento y los sindicatos para evitar conflictos que repercutan en la seguridad y operatividad del cuerpo policial. La falta de acuerdos claros en términos laborales puede comprometer el servicio público ofrecido a la ciudadanía.