Javier García lleva más de veinte años trabajando en la extinción de incendios forestales. Desde 2004 en cuadrillas terrestres y desde 2007 integrado en las BRIF del Ministerio para la Transición Ecológica, también ejerce como responsable federal de bomberos forestales en UGT. Conoce bien el terreno, y su diagnóstico sobre lo ocurrido en Zamora y en el resto de Castilla y León es contundente: el sistema no está preparado.
García no apunta a una sola causa. El problema, según explica, es estructural: demasiada dependencia de empresas privadas, una temporalidad elevada entre los trabajadores, una formación que considera claramente insuficiente y una prevención que no avanza al mismo ritmo que el riesgo real. El resultado es un operativo que, en sus propias palabras, se presenta como completo pero que durante buena parte del año trabaja «bajo mínimos».
Uno de los puntos que más subraya es la necesidad de cumplir la normativa vigente antes de hablar de nuevas leyes. «Primero tenemos que cumplir las leyes existentes y después, si hay que mejorarlas, estupendo», señala, recordando que normas como el Real Decreto de 2003 o la Ley de Montes siguen sin aplicarse de forma efectiva. En materia de evacuaciones, recuerda que desde 2013 existe obligación de señalizar vías de escape en los pueblos, algo que en muchos municipios zamoranos todavía no se ha hecho.
La comparación con otras comunidades autónomas tampoco favorece a Castilla y León. García destaca que regiones como País Vasco, Cataluña o Asturias tienen la extinción de incendios vinculada directamente a los cuerpos de bomberos, lo que se traduce en mejores condiciones laborales y de servicio. En ese modelo, un bombero cobra bastante más y trabaja con mayores garantías que un bombero forestal dependiente de la consejería.
La gestión del monte es otra de sus preocupaciones. La falta de trabajos de prevención ha ido acumulando combustible en los terrenos forestales, lo que complica enormemente el control de los incendios cuando se producen de forma simultánea. Reducir esa carga, insiste, es una tarea pendiente que no admite más demoras.
Su mensaje final es claro: sin estabilidad para los profesionales, sin cumplimiento real de las normas y sin inversión seria en prevención, Zamora y Castilla y León seguirán llegando tarde cuando el fuego vuelva a aparecer en el horizonte.
