Una reciente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Segovia ha determinado que el Ayuntamiento ha discriminado a un policía local en cuestiones laborales. Esta condena obliga al consistorio a compensar al agente afectado por una modificación en sus condiciones laborales tras una baja médica, un cambio que contraviene una práctica de más de 40 años.
La resolución del tribunal señala que esta alteración de criterios ocasionó un trato desigual entre trabajadores en situaciones similares, lo que infringe el principio de igualdad. Este hecho ha generado un gran malestar en el cuerpo de policía local, especialmente entre los sindicatos que representan a estos profesionales.
El Sindicato Profesional de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCyL), que agrupa a la mayoría de los agentes de Segovia, ha emitido un comunicado lamentando que los ciudadanos terminen pagando las costas judiciales derivadas de este conflicto. La organización demanda que los responsables de la decisión sean quienes enfrenten las consecuencias económicas de esta situación.
El cambio en la normativa sobre la incorporación de personal tras baja médica se implementó en marzo del año pasado. Según la sentencia, esta modificación se produjo en un contexto de conflicto laboral, lo cual ha sido calificado por el magistrado como una desviación de poder por parte del Ayuntamiento.
En una entrevista reciente, el portavoz del gobierno municipal, José Luis Horcajo, admitió que no tenía conocimiento de la sentencia y que sería necesario un análisis detallado antes de emitir juicios sobre el asunto. Horcajo también sugirió que podría ser un caso aislado, vinculándolo a una situación particular del agente afectado.
Clara Martín, portavoz del grupo socialista, ha manifestado que la decisión del juez reafirma la necesidad de abordar las discrepancias en la incorporación de los policías tras incapacidades. Ha abogado por reactivar las reuniones en el Consejo municipal de Policía para encontrar una solución al conflicto.
Desde la bancada de VOX, su portavoz, Esther Núñez, ha tachado de inadmisible el cambio de criterio impuesto por el consistorio. Asimismo, ha subrayado que las consecuencias de estos errores deben ser asumidas por el equipo de gobierno y no por los ciudadanos.
El contexto de esta sentencia añade presión al Ayuntamiento para revisar sus procedimientos y garantizar que no ocurran más situaciones similares. Aún se espera la respuesta del consistorio sobre cómo manejará la implementación de esta decisión judicial.