La Junta de Castilla y León ha perdido la paciencia con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Meses después del devastador incendio originado en Burgohondo, Ávila, que arrasó amplias zonas de los valles del Tiétar y el Alberche, el Ejecutivo autonómico sigue esperando que el Gobierno central concrete de qué manera va a contribuir a la recuperación del territorio quemado.
La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha enviado una segunda carta a la ministra Sara Aagesen reclamando ese compromiso. La primera misiva data del pasado 29 de julio y, según la Junta, no obtuvo respuesta.
El motivo de la presión es claro. La ministra ha manifestado públicamente en varias ocasiones que el Estado financiará el 50 por ciento de los costes de restauración de las zonas afectadas por incendios forestales, tal y como establece la Ley nacional de Montes. Sin embargo, ninguno de esos anuncios se ha traducido hasta ahora en medidas concretas ni en compromisos escritos.
Mientras tanto, la Junta no ha esperado. Ya ha aprobado más de siete millones de euros de fondos propios para las labores de emergencia y sus equipos llevan semanas trabajando sobre el terreno para frenar el deterioro de una zona que necesita una intervención urgente.
González Corral ha subrayado en su carta que la respuesta no puede recaer únicamente sobre las comunidades autónomas. El incendio ha afectado a ámbitos que son competencia directa del Ministerio, como el dominio público hidráulico, las reservas naturales fluviales y el régimen hidrológico de la zona.
La consejera ha recordado también que la colaboración entre administraciones ha sido la tónica durante la emergencia, y que esa misma voluntad debe mantenerse ahora en la etapa de recuperación.
Ávila y sus municipios afectados aguardan respuestas. Los vecinos de las zonas castigadas por el fuego necesitan saber con qué recursos contará la restauración del monte y de los cauces fluviales para los próximos meses y años.
La pelota está en el tejado del Gobierno central. La Junta pide, con urgencia, que los compromisos verbales de la ministra se conviertan de una vez en un plan de actuación real y financiado.
