Melgar de Abajo, un pequeño municipio de la provincia de Valladolid, enfrenta una controversia significativa por la propuesta de instalación de una macroplanta de biometano. Esta iniciativa, promovida por Biorig Energy Melgar-Valladolid, S.L.U., prevé el tratamiento de 198.000 toneladas de residuos anuales. La capacidad de esta planta superaría, por tanto, la basura generada en un año por la ciudad de Valladolid.
La Plataforma Melgar de Abajo Saludable se opone rotundamente a esta instalación. Durante el periodo de alegaciones, que finalizó el 20 de enero, se registraron al menos 200 quejas particulares y varias de colectivos, entre los que se incluyen la Denominación de Origen León y Ecologistas en Acción. Los opositores argumentan que el proyecto representa un grave riesgo para la salud y el medio ambiente de la zona.
A favor del proyecto, el alcalde Javier García ha destacado sus posibles beneficios económicos. Según él, la instalación podría crear hasta nueve puestos de trabajo directos, lo cual es relevante para un municipio de solo 110 habitantes. García subraya que la iniciativa podría ayudar a fijar población y contribuir al desarrollo económico local.
No obstante, un punto de gran preocupación entre los detractores es la ubicación de la planta. Está prevista en cercanía de las Zonas de Especial Protección de Aves, lo que aumentaría los riesgos de impacto sobre la biodiversidad. Los opositores también han señalado irregularidades en el proceso administrativo para la autorización ambiental, lo que ha generado aún más desconfianza.
La plataforma ha manifestado que esta propuesta podría impactar la calidad de vida de los residentes. Se estima que el tráfico asociado a la planta incluiría más de 90 vehículos diarios, lo que podría alterar la tranquilidad de la zona y afectar las actividades agrícolas locales.
Desde el sector vitivinícola, el rechazo es contundente. La presencia de viñedos de la Denominación de Origen León se encuentra a menos de 250 metros de la ubicación proyectada para la planta. Esta cercanía lleva a muchos a cuestionar la viabilidad del proyecto, ya que los olores y el tráfico de camiones podrían tener un efecto perjudicial sobre la producción vitivinícola.
Los próximos pasos en este proceso dependerán de la Junta de Castilla y León, que será la entidad encargada de otorgar la autorización ambiental necesaria. La situación, por lo tanto, continúa en desarrollo, a la espera de decisiones que afectarán directamente a la comunidad local.