Los datos no engañan. España acaba de cerrar su peor capítulo en la historia del informe PISA, el gran termómetro internacional que mide el rendimiento de los estudiantes en Lectura, Matemáticas y Ciencias. Y Baleares, una vez más, no solo no escapa al suspenso general, sino que queda por debajo de la media nacional en las tres disciplinas evaluadas.
Es un resultado que duele, y que debería obligar a algo más que al reparto habitual de culpas entre partidos políticos.
Detrás de cada décima que baja en la tabla hay alumnos reales. Jóvenes que salen de las aulas con dificultades para comprender un texto, para resolver un problema cotidiano con números o para entender cómo funciona el mundo que les rodea. Eso no es un debate estadístico, es una emergencia social.
Baleares arrastra desde hace años una situación especialmente compleja en materia educativa. La alta rotación del profesorado, la presión del turismo sobre el mercado laboral juvenil, la diversidad lingüística y cultural del alumnado, y una inversión pública que no siempre ha estado a la altura de las necesidades reales, son factores que ningún análisis serio puede ignorar.
Sin embargo, señalar las causas estructurales no puede convertirse en una coartada para la inacción. Otras comunidades autónomas comparten muchos de estos problemas y consiguen mejores resultados. La diferencia, en buena parte, está en las decisiones que se toman, en la continuidad de los proyectos educativos y en el respeto a quienes trabajan cada día en las aulas.
El informe PISA no es un examen que aprueba o suspende un gobierno concreto. Es un espejo en el que se refleja toda una sociedad, sus prioridades, sus valores y su apuesta real por el futuro.
Mallorca y el resto de las islas no pueden permitirse seguir mirando hacia otro lado. La educación no puede ser un campo de batalla político, sino el territorio donde se construye todo lo demás: la economía, la convivencia, la democracia.
El momento de actuar no es mañana. Lleva años siendo ahora.
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