Las aulas de los colegios públicos de Toledo se han convertido en auténticos hornos este inicio de curso. Con temperaturas que superan los 35 grados en el interior de los edificios, las familias llevan años esperando una solución que las administraciones se niegan a asumir.
La situación tiene un protagonista claro: el cruce permanente de responsabilidades entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Toledo. Cada institución señala a la otra. La Junta recuerda que los centros de Infantil y Primaria son de titularidad municipal. El Ayuntamiento apunta a la Junta. Y en ese limbo burocrático, los niños siguen sudando.
La paradoja histórica no pasa desapercibida. Emiliano García-Page exigía en 2014, siendo alcalde de Toledo, que la Junta asumiera el mantenimiento de los colegios. Hoy, desde la Presidencia regional, el discurso es exactamente el contrario. Las competencias parecen moverse según desde qué despacho se miren.
El caso del CEIP Rosa Parks ilustra hasta dónde ha llegado el abandono. En el aula TEA del centro llevan años reclamando climatización porque el calor puede desencadenar problemas graves de salud, incluidas crisis epilépticas. La respuesta institucional ha sido el silencio. El resultado: una familia ha tenido que comprar un ventilador de su propio bolsillo. El resto ya se plantea organizar una colecta para costear lo que debería garantizar la administración.
La Inspección de Trabajo ha constatado infracciones por riesgo térmico en estos centros. El mismo riesgo que sería inaceptable en una consejería, un hospital o cualquier edificio público parece tolerarse cuando se trata de colegios.
El Ayuntamiento ha solicitado ayudas para climatizar dos centros, el Alfonso VI y el Gómez Manrique, dentro de una convocatoria que permitía presentar más solicitudes. Las familias preguntan con razón: ¿con qué criterio se eligieron solo esos dos?
Mientras tanto, hay presupuesto para festivales gastronómicos, iluminación ornamental y eventos en la calle. Para los colegios públicos, aparecen las dudas competenciales.
Lo que está en juego no es comodidad, es el derecho a estudiar en condiciones dignas sin que eso dependa del bolsillo de cada familia. La escuela pública no puede quedar a merced de subvenciones que llegan tarde, excusas administrativas y colectas de padres y madres.
Toledo empieza un nuevo curso con el mismo problema de siempre y sin una solución a la vista.
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