El Pleno de la Junta General del Principado aprobó este jueves una proposición no de ley que insta al Gobierno regional a informar de forma directa a todas las familias con hijos en centros concertados de Asturias sobre la prohibición de cobrar cuotas o aportaciones económicas de cualquier tipo.
La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario Convocatoria IU-Más País-IAS, salió adelante con el respaldo del PSOE y de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, mientras que PP, Vox y Foro Asturias votaron en contra.
El portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, defendió el texto señalando que el cobro de estas cuotas se produce habitualmente «camuflado bajo el disfraz de aportaciones voluntarias», presentadas a las familias bajo conceptos como matrícula, material escolar o actividades extraescolares.
La proposición aprobada va más allá de la mera información. También pide reforzar los controles para evitar estas prácticas y llega a plantear la supresión del concierto a aquellos centros que no garanticen la gratuidad del servicio. Covadonga Tomé fue clara al respecto: si un centro recibe dinero público, no puede luego pasar la factura a las familias.
La diputada socialista Mónica Ronderos apoyó la iniciativa aunque matizó que, a su juicio, en Asturias la normativa ya se cumple. Aun así, dejó claro que el PSOE no tiene inconveniente en respaldar cualquier medida que refuerce el derecho a una educación gratuita.
🍢Vota tu pincho favorito de los Chiringuitos de San Mateo37 casetas · Top 10 en directo · raciones, bocadillos y sidra al precio de cada casetaEn marchaLos grupos de la oposición mostraron un rechazo firme y con argumentos muy distintos entre sí. Gloria García, del PP, acusó a Convocatoria de recurrir al «comodín de la concertada» y de hacer un «papelón» pensando más en las próximas elecciones que en las familias, negando además que existan en Asturias aportaciones obligatorias ni presiones a los progenitores.
Desde Vox, Javier Jové reclamó respeto para las familias que eligen la concertada y apuntó a la infrafinanciación de estos centros como el verdadero problema de fondo. Por su parte, Adrián Pumares, secretario general de Foro Asturias, reconoció que informar no es ningún problema, pero advirtió de que detrás del texto aprobado se esconde un «ataque» a la enseñanza concertada.
El debate pone de nuevo sobre la mesa una tensión recurrente en la política educativa asturiana: la frontera entre la financiación pública y las aportaciones que, voluntarias o no, siguen llegando a los centros concertados de la región.
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