La Policía Local de Burgos atraviesa una crisis interna de calado. El Sindicato de Policías Municipales de Castilla y León (SPPMCYL) ha hecho pública una Evaluación de Riesgos Psicosociales que dibuja un panorama preocupante dentro del cuerpo: órdenes contradictorias, reparto injusto de horas extras, uso del régimen disciplinario como herramienta de presión y una jefatura que, según el sindicato, mira hacia otro lado.
El informe, elaborado siguiendo la metodología oficial del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sitúa en nivel de Riesgo Muy Elevado aspectos tan esenciales como la supervisión, la participación de los agentes y la claridad en el desempeño de sus funciones. Más del 70% de los mandos y agentes consultados reconoce recibir instrucciones que considera poco claras, contradictorias u opacas en su día a día.
La participación en la encuesta fue masiva. Un 80% de la plantilla implicada respondió al buzón de opiniones y lo hizo, según recoge el propio documento, de forma unánime para señalar las mismas deficiencias: falta de transparencia, favoritismos en el acceso a la formación y en el reparto de horas extraordinarias, y discriminaciones entre unidades en las cargas de trabajo.
El informe también constata serias dificultades para la conciliación familiar. Los cambios de calendario de última hora, la imprevisibilidad de los horarios y la ausencia de un protocolo real de desconexión digital contribuyen, según el sindicato, a deteriorar la salud mental y física de los agentes. A esto se suma la denuncia de que las sanciones disciplinarias se aplican de forma selectiva, afectando solo a oficiales y agentes.
El punto de mayor tensión llegó en la última reunión del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Burgos. El Jefe de la Policía presentó un documento propio en el que calificó los resultados del informe técnico de meras percepciones subjetivas, eludiendo responsabilidades y trasladando la culpa a los mandos intermedios. El SPPMCYL ha calificado esta actitud de reprobable e inaceptable.
El sindicato exige al Ayuntamiento de Burgos que actúe de inmediato: que ponga en marcha todas las medidas correctivas recogidas en el informe y que implemente cuanto antes los protocolos legales de prevención del acoso y resolución de conflictos.
De momento, el consistorio no ha ofrecido una respuesta pública. Los agentes, mientras tanto, siguen esperando que alguien tome las riendas de una situación que, según su propio sindicato, ya ha tardado demasiado en resolverse.
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