Donde hace poco más de una década rugían los motores de la Fórmula 1, hoy malviven más de 800 personas en unas 400 chabolas repartidas por las 24 hectáreas del antiguo circuito urbano del Grao de València. Con el desbloqeo del PAI del Grao en mayo y el avance del calendario de obras, el desalojo de este asentamiento parece inminente, y las voces que exigen que se haga con garantías legales y soluciones habitacionales no han tardado en alzarse.
Este miércoles, decenas de personas se concentraron a las puertas del recinto tras conocer que podría producirse el desalojo ese mismo día. Junto a ellas, representantes de más de 40 colectivos, sindicatos y formaciones políticas agrupados en la Plataforma de Solidaridad con los Residentes del Fórmula 1, además de miembros de PSPV, Compromís y Podemos.
Ana Isabel Martínez, portavoz de la plataforma, dejó claro que nadie cuestiona que el desalojo deba producirse, pero sí cómo. «No puede ser ilegal. Debe realizarse bajo tutelaje judicial, respetando los derechos de las personas», afirmó. La plataforma reclama además un plan de choque de intervención social que aborde cada caso de forma individualizada y una mesa de diálogo entre inversores, administración pública y entidades sociales.
Los testimonios de quienes viven allí dibujan una realidad dura. Fabián, español de 46 años, lleva cinco en el asentamiento tras perder el trabajo y sufrir problemas de visión. Cuenta que este verano hubo varios golpes de calor porque no tienen agua, que la policía les identifica a diario y que muchos pierden empleos al no poder asearse. Mohamed, procedente de los campamentos saharauis, asegura que pese a trabajar no logra pagar un alquiler en la ciudad, y que nadie le ha ofrecido nunca una alternativa real.
El perfil de los residentes es muy diverso: familias con menores, personas mayores, enfermos, apátridas y trabajadores que simplemente no llegan a los precios del mercado del alquiler.
En el plano político, Mónica Oltra, candidata de Compromís a la Alcaldía, criticó con dureza el modelo urbanístico que, a su juicio, ha primado la especulación sobre las personas. Desde el PSPV anunciaron que pedirán la paralización del PAI hasta que exista una solución habitacional concreta.
La pelota está ahora en el tejado del Ayuntamiento. Cientos de familias esperan que la ciudad que un día presumió de acoger la élite del motor no les dé la espalda cuando más lo necesitan.
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