Doce ayudantes técnicos educativos de León y Ponferrada han iniciado reclamaciones ante varias instituciones tras ver anulados los contratos que les habían sido ofrecidos para el curso escolar que acaba de comenzar. Las afectadas aseguran que sus puestos acabaron siendo adjudicados a personas situadas por detrás de ellas en la bolsa de empleo, incluso con menor puntuación.
Todo empezó el pasado 30 de julio, cuando las trabajadoras recibieron una llamada para elegir las plazas disponibles para el nuevo curso. La selección siguió el orden habitual de la bolsa, permitiendo a cada profesional optar al puesto más cercano y conveniente según su puntuación. Una de ellas llegó incluso a firmar el contrato.
Sin embargo, el 13 de agosto se les comunicó que los contratos quedaban anulados. El motivo alegado fue que su acumulación superaría los 18 meses permitidos dentro de un plazo de 24 meses en la modalidad de contratación por circunstancias de la producción.
Las afectadas rechazan este argumento. Señalan que llevan dos cursos seguidos trabajando bajo esta fórmula y que las necesidades que cubren no son puntuales, sino permanentes, ya que los niños con necesidades especiales permanecen en los centros curso tras curso.
La situación se complicó aún más el 3 de septiembre, cuando comenzaron a recibir ofertas para puestos de menor duración, apenas tres meses en algunos casos, mientras sus plazas originales, con contratos hasta el 31 de julio, eran asignadas a otras personas con menos derechos en la bolsa.
Las trabajadoras advierten de las consecuencias que esto tiene sobre el alumnado con trastorno del espectro autista y otras necesidades educativas especiales. La ruptura de la continuidad con los profesionales que los atienden puede afectar gravemente a su estabilidad y adaptación escolar.
Ante la falta de respuesta satisfactoria, las doce ATE han presentado escritos ante la Dirección Provincial de Educación, el Procurador del Común de Castilla y León y la Gerencia Territorial. El sindicato CSIF las está asesorando en sus reclamaciones. Hasta ahora, según relatan, solo han recibido una contestación telefónica de la Dirección Provincial.
Las afectadas piden una solución urgente que respete el orden de la bolsa y garantice la continuidad de los apoyos para los menores más vulnerables.
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