La última convocatoria de ayudas para la vivienda publicada en el BOE ha vuelto a dejar fuera al Ayuntamiento de Sevilla, confirmando así lo que ya ocurrió en 2024 y en 2025. El alcalde José Luis Sanz ha salido este viernes a denunciar públicamente lo que considera un castigo político del Gobierno de España hacia la capital hispalense.
Al término de la Junta de Gobierno Local, Sanz cifró en 12 millones de euros el total de fondos que Sevilla ha dejado de recibir desde que el PP tomó el control del Consistorio. Son cuatro millones por cada una de las tres convocatorias consecutivas en las que la ciudad ha quedado excluida.
El alcalde recordó que estas mismas ayudas sí llegaron a Sevilla entre 2021 y 2023, coincidiendo con los años en que el PSOE gobernaba el Ayuntamiento. Desde el cambio de gobierno municipal, el dinero ha ido a parar a la Diputación Provincial de Sevilla, encabezada por Javier Fernández, alcalde de La Rinconada y secretario general del PSOE sevillano.
El origen de esta situación se remonta a 2024, cuando se hizo público un mensaje de WhatsApp enviado por una de las asesoras más cercanas a la ministra de Vivienda. En ese mensaje se planteaba abiertamente retirar la ayuda nominativa a Sevilla porque gobernaba el PP, y trasladarla a la Diputación porque su presidente era, textualmente, «alcalde nuestro». El Ejecutivo negó inicialmente el contenido de ese mensaje, pero los hechos de los tres últimos años han seguido exactamente ese guion.
Sanz no ha dejado pasar la oportunidad de dirigirse al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, exigiéndole que tome postura ante este reparto. «Tengo la duda de dónde está el señor Muñoz, que dice que quiere volver a ser alcalde y parece que no está del lado de los sevillanos», afirmó el regidor, que también aludió a la ausencia del socialista en la manifestación de apoyo a Ceuta.
El alcalde cerró sus declaraciones con un mensaje contundente, asegurando que esta decisión confirma que Sevilla tiene en Pedro Sánchez «al gobierno y al presidente más antisevillano de la historia».
La polémica llega en un momento en que el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de los ciudadanos, y la exclusión de estos fondos dificulta la capacidad del Ayuntamiento para impulsar políticas en este ámbito.
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