El alcalde de San Vicente del Palacio, Miguel García Sáez, se ha convertido en un ejemplo de resistencia en su lucha por la legalidad. Recientemente, un tribunal ha dictado sentencia en un caso de cohecho que comenzó hace más de cinco años. Esta situación no solo ha afectado su vida política, sino también la cotidianidad de sus vecinos en un municipio que apenas cuenta con 155 habitantes.
La historia se remonta a 2021, cuando el alcalde denunció un intento de soborno por parte de un empresario vinculado a la demolición de un talud ilegal en la localidad. Este hecho se produjo tras un largo proceso judicial formado por numerosos litigios, donde el Ayuntamiento impuso multas importantes, superiores a 20.000 euros, para que se cumpliera la normativa vigente.
García Sáez recordó que el empresario le ofreció una cantidad de dinero a cambio de hacer la vista gorda respecto a una sentencia judicial que ordenaba la demolición de una estructura ilegal. Al grabar la conversación y llevarla a las autoridades, el regidor no solo defendió la legalidad, sino que también enfrentó presiones para que abandonara su agrupación política.
El juicio, que finalmente tuvo lugar después de años de dilaciones, resultó en una condena de dos años de prisión para el único acusado. Sin embargo, García Sáez expresó su descontento con la falta de rigor en las diligencias, opinando que las investigaciones no fueron suficientes para identificar a otros implicados en la trama.
Con una trayectoria de casi quince años como alcalde de manera altruista, asegura que lo más difícil ha sido lidiar con las dinámicas del poder local. A menudo ha sido presionado para que no interfiriera en proyectos empresariales. Estas maniobras han desdibujado su labor y han generado desconfianza en la comunidad.
Durante estos años, el alcalde ha notado un cambio en la percepción social hacia su figura. Muchos de sus vecinos le han comentado que ha sido